Todos en Venezuela pronuncian la palabra “cambio”, esa necesidad, que unos entienden como el fin del régimen de Nicolás Maduro y otros como simple giro en la economía, está detrás de cada esquina, en un mercado de Caracas, en la cola de un banco, en las camionetas con remolques abarrotados que, a falta de autobuses, llevan a los trabajadores a casa. Pero ese cambio nunca llega.
La brutal represión social, el desastre económico y una hiperinflación insoportable han extendido un sentimiento de hartazgo que aún no ha estallado por la dependencia de los subsidios que mantienen bajo el yugo a las clases populares y porque la prioridad de millones de venezolanos consiste en abastecerse y conseguir comida. En definitiva, sobrevivir. “Nos hacen promesas y promesas, pero al final, nada. Mi hija se tuvo que ir para Colombia y yo no sé qué va a pasar. Estoy esperando”, dice resignada Adela Velásquez, de 64 años, en la precaria escalera de su casa del barrio de Petare. Velásquez, que se declara opositora, todavía se lamenta amargamente por la arepería que tenía en los bajos de su edificio y que, como otras muchas, tuvo que cerrar porque ya no lograba vender nada. Cuando va a cumplirse un año de la elección de la Asamblea Constituyente, es difícil encontrar, incluso en las bases chavistas, a alguien que no desee un cambio de la situación. Pero también es complicado, al margen de los sindicatos y de las fuerzas políticas de la oposición, dar con alguien con ganas, y sobre todo tiempo, para reaccionar. Una combinación que permite a Maduro resistir aun en medio de una catástrofe social.
La vida cotidiana es un rompecabezas en el que deben cuadrar los cálculos astronómicos necesarios para afrontar cada gasto y la solución de los problemas derivados de la pésima calidad de los servicios, del transporte al suministro de agua. El salario mínimo y los bonos de alimentación apenas alcanzan 5.196.000 bolívares, unos 1,47 euros mensuales al cambio no oficial, el que de facto regula el mercado. Esa es la cantidad que percibe el 70% de los trabajadores con empleo formal, insuficiente para comprar una lata de atún o incluso un kilo de arroz.
Lo recuerda Zuleika Montero, que pese a trabajar en Somos Venezuela, uno de los movimientos políticos que sostiene a Maduro, se queja de la resignación social alentada por el Gobierno. “Somos muy conformistas. Hace falta un cambio de cultura y no lo aceptamos. Con un sueldo mínimo no se sobrevive, tenemos muchas cosas en contra y pocas a favor”, lamenta esta auxiliar de farmacia de 40 años.
Su vecino Pedro Key, a punto de cumplir 65, reparte las bolsas de comida de los Comités Locales de Abastecimientos y Producción (CLAP), una ayuda introducida hace dos años que ha contribuido a cimentar la fidelidad de los sectores más vulnerables. Unos pocos paquetes de harina, sal, arroz, pasta, azúcar, leche y tomate frito que según sus críticos es la base de la compra indirecta de votos. “Las cosas no están bien. Nosotros vamos a seguir hasta el final. Nos sentimos estafados, claro, pero por los mismos empresarios. Ellos son los que nos tienen en esta zozobra tan grande que tenemos”, afirma. Este activista demanda un cambio, pero aún cree en la llamada revolución bolivariana y busca culpables fuera de las esferas de influencia del chavismo. Con el apoyo de venezolanos como él, en medio de acusaciones de fraude, el rechazo de la mayoría de la oposición y de la comunidad internacional, en mayo Maduro fue reelegido presidente hasta 2025 en unos comicios sin garantías.
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