Se trama ahora una maniobra, para tratar de evitar una inminente decisión del Tribunal Internacional de La Haya, a favor del legítimo reclamo que interpusieran los hermanos García Armas, buscando resarcir el daño patrimonial causado con la acción de expropiación de sus organizaciones productivas, ejecutada el año 2010 por Hugo Chávez, aseguró el abogado Carlos Andrés Requena.
Nota de Prensa Notiguayana
En días pasados la Miss Universo, Irene Sáez, y también ex alcaldesa de Chacao dio unas declaraciones defendiendo a su esposo Serafín García, por las medidas dictadas en contra de su esposo y del grupo Friosa en Guayana.
Estupor en Guayana es lo que se puede apreciar, ante nuevos ataques contra una organización empresarial emblemática y sembrada en el corazón y naturaleza reflexiva de la gente, por el espíritu emprendedor, laborioso, disciplinado, sacrificado y creativo de sus impulsores, los hermanos García Armas, que ahora buscan vapulear desde el gobierno, por defender sus derechos conculcados en el Tribunal Internacional de La haya, ante la expropiación inmoderada de la que fueron objeto.
El criterio que priva en la opinión pública regional, expresado de manera directa ante los periodistas, medios radioeléctricos y en las redes sociales, es el de que después de 8 años de un acontecimiento repudiado por su talante “populista y destructivo” de los medios de producción, como fue la expropiación de la red distribuidora de alimentos del grupo empresarial conformado a lo largo de 56 años de duro trabajo de los seis hermanos García Armas, se active una “burda trama” desde el gobierno y sus hijos institucionales, para tratar de descalificar lo que parece ser una decisión a su favor de la Corte Internacional de La Haya, donde el caso de expropiación, presuntamente arbitraria de las empresas relacionadas con esa red, fue elevado.
Requena recogió en esencia el profundo rechazo que causaron en la opinión pública, los anuncios del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, en el sentido de haber “desmantelado al Grupo García Armas por desfalco al país”, que calculó en más de 49 millones de dólares.
En reseña del matutino regional “Primicia”, se citaba entre tanto la afirmación del Fiscal Saab, de que “Solicitamos ante el Tribunal 50º de Control del AMC, y han sido acordadas, órdenes de aprehensión contra Sebastián, Serafín, Pedro y Domingo García Armas. Además de Karina Gruber, Manuel y Margaret García Piñero y Domingo García Cámara”. La imputación que esgrimía el funcionario contra los acusados, se refieren a los presuntos delitos de obtención fraudulenta de divisas, sobrevaloración de mercancías y asociación para delinquir.
Para el abogado, catedrático universitario y activista social y político, Carlos Andrés Requena, “para el gobierno, no fue suficiente la devastación del Grupo Empresarial de los hermanos García Armas y de sus empresas emblemáticas Frigoríficos Ordaz (Friosa) y de su red expendedora Hipermercados Koma y Delicateses La Fuente, sino que quieren más, y esto va por la maniobra para tratar de evitar una inminente decisión del Tribunal Internacional de La Haya, a favor del legítimo reclamo que interpusieran los hermanos García Armas, buscando resarcir el daño patrimonial causado con la acción de expropiación de sus organizaciones productivas, sin haberse llenado los extremos de Ley y con las consecuencias dañinas y exterminadoras que todos conocemos”.
“Lo que vimos con indignación e impotencia en esa ocasión”, añadió Requena, “fue un abuso y una arbitrariedad, como muchas que se cometieron en esa etapa infeliz de delirio revolucionario y comunista, que desembocó en la quiebra y ruina de organizaciones que lideraban el proceso de distribución y comercialización oportuna, masiva y a precios razonables, de alimentos y productos de consumo masivo, no sólo en la región Guayana sino en todo el oriente del país, que ofrecía empleos directos a más de 2.300 trabajadores e indirectos a otros 6.000 aproximadamente, abarcando un universo comercial de más de 20.000 negocios, desde supermercados hasta bodeguitas y centros de producción agropecuaria y agroindustrial de la región occidental y andina, que les servían como proveedores directos y sin intermediarios, para reducir la cadena de comercialización y garantizar mejores precios al consumidor.
Aseguró el jurista, que ninguna perversión de este gobierno y de sus compinches, podrá frenar este proceso en la Corte Internacional de La Haya, ni muchos menos hacer retroceder la determinación de los hermanos García Armas, Manolo, Serafín, Sebastián, Pedro y Domingo, a quienes conozco y sé que llegarán hasta el final para que se les haga justicia y se les repare el daño patrimonial que les causó una decisión abusiva y arbitraria del gobierno en el año 2010, presidido entonces por Hugo Chávez.