Las extorsiones telefónicas se multiplican en todo el país. El que amenaza llama a nombre del colectivo La Piedrita, Tupamaro o cualquier gran banda delictiva que esté sonando. Desde la Guardia Nacional aseguran que son solo presos, pero los expertos advierten que los extorsionadores pueden contar con apoyo en la calles, revela el periodista Javier Ignacio Mayorca en su blog Crímenes Sin Castigo.
Una llamada tomó por sorpresa al empresario. Al extremo de la línea, un hombre que se identificó como Valentín Santana, líder del colectivo Tupamaro, le indicaba que personas allegadas a él habían ofrecido tres millardos de bolívares para atentar contra su vida o la de algún integrante de su núcleo familiar.
Hasta la semana pasada, Santiago (nombre ficticio) se mantuvo al margen de los temas políticos del país. Su energía se iba en el manejo de un local en el oeste de Caracas. Pero si hubiese estado al tanto de las noticias, probablemente habría captado de inmediato la mentira de sus interlocutores: Santana nada tiene que ver con los Tupamaros. Por el contrario, en algunas oportunidades su grupo llegó al enfrentamiento armado con los de la estrella rojinegra, por el dominio de sectores del 23 de Enero.
“Mis hombres quieren agarrar esos tres millardos que nos están pagando para partirte la cara a plomo”, le decía el hombre. El “contrato”, añadió, no lo había ejecutado porque, luego de más de un mes de vigilancia a su familia y sus negocios, se dio cuenta de que Santiago es una “persona seria”.
El hombre seguía con su libreto durante más de quince minutos. Antes, en este tipo de operaciones exigían pagos mediante transferencias a cuentas de particulares. Incluso, cuando el bolívar tenía cierto valor, pedían que el dinero fuese entregado en efectivo en un lugar predeterminado.
Pero el que llamó a Santiago decía ser integrante de un colectivo armado: “Somos los grupos de exterminio, que eliminamos y desaparecemos al hampa común”, al tiempo que aseguraba ejercer “dominio” sobre el 90% del territorio caraqueño.
De manera que exigen el apoyo monetario para una obra supuestamente benéfica. En este caso, para un hospital en el que intentan atender el caso de una niña desahuciada.
En un principio pidieron un millardo de bolívares. Pero Santiago supo negociar, a pesar de la premura con la que era exigida la transferencia por el supuesto mandamás del colectivo. En el último contacto, la cifra había bajado a 50 millones de bolívares.
Las víctimas muy pocas veces acuden a los cuerpos policiales para denunciar este tipo de extorsiones. Cuando lo hacen, las autoridades toman nota aparte de las denuncias, y generalmente no las incorporan a las estadísticas oficiales.
Según el Ministerio Público, durante la primera mitad de 2018 la Unidad contra la Extorsión y el Secuestro ha iniciado 605 expedientes. De ellos, 501 han sido por extorsiones.
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