El expresidente panameño Ricardo Martinelli, encarcelado en el marco de un proceso por escuchas ilegales, querelló a la vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo, a quien pide un resarcimiento de 20 millones de dólares por haber tramitado mal su extradición desde Estados Unidos.
EFE
Alma Cortés, abogada del equipo de defensa del expresidente (2009-2014), dijo hoy a Efe que la querella fue presentada ante el Parlamento, el ente que por ley puede procesar a la cabeza del Ejecutivo, por los delitos “contra la administración pública, violación a la Convención Americana de Derechos Humanos y violación a la personalidad interna del Estado”.
La querella se sustenta en que “a juicio de la defensa de Ricardo Martinelli” la vicepresidenta y canciller “ha incumplido sus deberes como servidora pública” al no haber observado su obligación de “salvaguardar y proteger” a los nacionales de Panamá en el extranjero, en relación a la detención y encarcelamiento del expresidente en Estados Unidos.
Martinelli, de 66 años, fue entregado a las autoridades panameñas el pasado 11 de junio por Estados Unidos, donde estuvo preso un año en una cárcel federal de Miami en razón del pedido de extradición por la causa de la supuesta interceptación ilegal de las comunicaciones a más de un centenar de personas durante su mandato.
De Saint Malo habría incurrido en una supuesta discriminación al no haber enviado “jamás” a Estados Unidos una delegación oficial que verificara las “condiciones de detención de Martinelli, o si se estaban garantizando sus derechos”, entre otros.
“El señor Martinelli sufrió (…) en esa cárcel de máxima seguridad” estadounidense, “no fue atendido por médicos de sus enfermedades crónicas”, que en consecuencia “se agravaron”, dijo la abogada defensora y cercana colaborada del expresidente panameño.
El traslado de Martinelli a Panamá estuvo plagado de irregularidades, dijo Cortés, entre ellas que su coordinación “permitió que nos invadieran el territorio nacional delegando todo el ejercicio en las autoridades norteamericanas”.
Una vez en territorio nacional Martinelli “inmediatamente debió haber sido puesto a órdenes” del magistrado juez de Garantías de la causa de las escuchas, Jerónimo Mejía, “y no someterlo a tortura de ser aprehendido por los estamentos de seguridad” panameños.
“También se omitió que estuvieran presentes sus médicos especialistas” al llegar al país, cuando fue recibido por “un simple médico general”, y tampoco “se le permitió que desde el primer momento fuera asistido por sus abogados”, sostuvo Cortés.
“Se hizo una cuantificación de los daños ocasionados por este mal trámite (de extradición), hasta doloso, que se hizo con toda la intención de dañar el nombre de Ricardo Martinelli (…) se está solicitando un resarcimiento de 20 millones de dólares”, explicó Cortés a Efe.
Esa cantidad se le está pidiendo específicamente a la vicepresidenta De Saint Malo, añadió la defensora del expresidente panameño.
Cortés anunció que la próxima semana la defensa del ex jefe del Estado panameño también presentará demandas contra el magistrado juez de Garantías en la causa de las escuchas “por abuso de autoridad y extralimitación de funciones”.
Otras demandas serán presentadas contra querellantes en el proceso “que han hecho públicas acusaciones descalificando al señor Ricardo Martinelli al decir que es un criminal”, entre los que mencionó al político Mitchell Doens.
Doens es uno de los seis querellantes adheridos al proceso de las escuchas, que se encuentra en la llamada fase intermedia o de acusación, tras la cual el magistrado Mejía debe llamar a juicio oral.
En esta fase los querellantes Balbina Herrera y Doens, políticos del histórico Partido Revolucionario Democrático (PRD), y Rubén Polanco y Rosendo Rivera pidieron a Martinelli un resarcimiento de 30 millones de dólares, 20 millones, 5 millones y 955.000 dólares, respectivamente. EFE