El Parlamento venezolano expresó este viernes su “preocupación” luego de que un juez estadounidense autorizara la incautación de Citgo -filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en EE.UU.-a favor de la minera Crystallex, que reclama al país caribeño 1.400 millones de dólares por la nacionalización de sus negocios.
EFE
“Esto no es algo que vemos con emoción, sino todo lo contrario, con muchísima preocupación (y) consternación porque no solamente se trata del presente de los venezolanos, sino también del futuro de las próximas generaciones”, dijo en una rueda de prensa el diputado Juan Andrés Mejía, miembro de la comisión de finanzas de la Cámara.
Crystallex, de capital canadiense, reclama a Venezuela 1.400 millones de dólares por la expropiación en 2011 del yacimiento de oro Las Cristinas -uno de los depósitos auríferos más grandes del mundo- ubicado en el estado de Bolívar (sur), fronterizo con Brasil.
Un año después de que Venezuela cancelara la participación de Crystallex en el proyecto, anunció que acordó con la corporación estatal china de inversiones Citic Group el desarrollo de la mina, de la que se estima pueden extraerse unos 13 millones de onzas de oro.
Mejía dijo hoy que el dinero que reclama Crystallex es “una cifra muy importante”, que deja a Venezuela en “bancarrota” si se suma a los más de 9.000 millones de dólares que debe pagar el país en servicios de bonos este 2018.
“Estamos en el borde del colapso financiero, el país está prácticamente en bancarrota”, señaló. Con todo, explicó que la medida contra Citgo es recurrible y “aún quedan unos plazos”. “Muy seguramente PDVSA y la nación van a apelar esta decisión”, agregó.
En tanto que su compañero de comisión, el legislador Ángel Alvarado, lamentó que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien salió ileso de un atentado con explosivos hace casi una semana, aún no se haya pronunciado.
Además, recomendó al Gobierno demostrar ante la justicia estadounidense que PDVSA no es un “alter ego” de Venezuela, sino una empresa de la nación.
PDVSA controla a través de Citgo Petroleum tres refinerías en los estados de Texas, Illinois y Luisiana, así como una red de aproximadamente 10.000 gasolineras en todo Estados Unidos.
El fallo de la justicia estadounidense autoriza la incautación de acciones como paso previo a la venta, aunque los detalles y condiciones de la decisión, que PDVSA puede apelar, aún no se conocen.