Médicos denuncian despidos y acusaciones de terrorismo en Nicaragua

Médicos denuncian despidos y acusaciones de terrorismo en Nicaragua

El médico Ricardo Pineda expuso la grave situación de Nicaragua durante el Foro Internacional de la Confederación Médica Latino-Iberoamericana y del Caribe | Foto: Twitter @drelenavargas

 

El gremio de médicos latinoamericanos expresó este lunes en un foro en Costa Rica su preocupación por los despidos masivos de profesionales de la salud y las acusaciones de terrorismo por el hecho de ejercer su profesión durante la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde hace cuatro meses.

EFE





“Hay 200 médicos despedidos, amenazas de muerte a médicos de Estelí y Matagalpa. La crisis sanitaria es severa, estamos siendo acusados de terrorismo”, dijo a periodistas el médico nicaragüense, Ricardo Pineda, en el marco del Foro Internacional de la Confederación Médica Latino-Iberoamericana y del Caribe (Confemel).

“Circulan nuestras fotos con un ‘se busca por terrorismo’ por el simple hecho de brindar atención médica, cuando lo único que tenemos a nuestra mano es un estetoscopio y la voluntad de atender a la población y disminuir el número de muertos”, aseveró el médico.

Pineda fue uno de los médicos que estuvo encerrado en la iglesia Jesús de la Divina Misericordia, en Managua, tras el asedio de los grupos paramilitares. Ahora es catalogado por el Gobierno del presidente Daniel Ortega como prófugo de la ley y terrorista.

El experto se encuentra en Costa Rica junto con otros médicos de la región en el marco del foro en el que se analizaron los efectos de los conflictos en el ejercicio de la medicina.

La crisis sociopolítica en Nicaragua suma más de 400 muertos, según organizaciones de derechos humanos, entre ellos cuatro médicos, una de nacionalidad brasileña, así como cuatro estudiantes de medicina.

Pineda criticó que tras agudizarse la crisis los médicos han tenido que atender en iglesias y casas a la población herida durante las protestas, ya que por política del Gobierno se le negó la atención en los centros médicos.

Según explicó, los médicos trabajan en condiciones “absolutamente irregulares” con mucha carencia, por lo que se enfocan en disminuir el dolor, parar el sangrado y preservar la vida, ya que en muchos de los casos no pueden trasladar al paciente al hospital.

“Los guardas del hospital no dejan abrir las puertas, a otros les quitan los sueros y los sacan a la calle, otros han estado en el hospital y llegan los paramilitares a secuestrarlos. No solamente es la represión por el cierre de puertas, sino generar un temor que si uno se acerca a la unidad de salud del Estado va a ser apresado”, afirmó Pineda.

El médico nicaragüense recordó que todo estalló el 20 de abril pasado, cuando un francotirador disparó en el cuello al niño Álvaro Conrado, de 15 años, quien no pudo ser atendido a tiempo tras negársele la atención hospitalaria.

El gremio de médicos de la región Latinoamericana hizo un llamado a respetar las declaraciones de las Naciones Unidas respecto a que se debe proteger en zonas de conflicto al personal médico, sanitario y de Cruz Roja, ya que no puede ser criminalizado o culpado por la ideología, la religión o la etnia que tenga el paciente.

“Queremos levantar la voz ante lo que está ocurriendo en Nicaragua, porque sentimos que es el caso más grave que se ha sentido en toda Latino-iberoamérica, debido a que nunca se había criminalizado la profesión, están declarando a médicos como criminales y terroristas”, expresó a Efe el vicepresidente de la región Centroamericana y del Caribe de Confemel, Karim Rojas.

En el foro participarán médicos activos de países como Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Honduras, El Salvador, México y España, quienes comparten sus experiencias.

Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que ha dejado entre 317 y 448 muertos, de acuerdo con cifras de entes humanitarios locales, la más sangrienta desde 1980, con Daniel Ortega también como presidente, quien únicamente reconoce 197 de los fallecidos.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el pasado 18 de abril pasado, por unas reformas de la seguridad social que finalmente fueron derogadas pero que se convirtieron en un movimiento que pide su salida.