“Tengo confianza plena en el pueblo y en la Fuerza Armada, confianza plena de su lealtad”, dijo el presidente venezolano Nicolás Maduro horas después del supuesto atentado que sufrió mientras encabezaba un acto conmemorativo de los 81 años de creación de la Guardia Nacional Bolivariana (policía militarizada), publica El País.
Por Juan Francisco Alonso – corresponsal de El País
Las palabras del Mandatario, sin embargo, no se compaginan con los hechos, pues en los últimos meses decenas de uniformados de todos los rangos y de los cuatro componentes del ámbito castrense (Ejército, Aviación, Armada y Guardia Nacional) han sido detenidos por estar presuntamente involucrados en distintos complots en contra del Gobierno.
Situación esta que revela que el férreo control que el chavismo venía ejerciendo sobre los cuarteles, desde las purgas que el fallecido Hugo Chávez realizó luego de los sucesos del 11 de abril de 2002, cuando fue depuesto por 47 horas, se está resquebrajando.
“Hemos desarticulado, hemos desmantelado un atentado golpista contra la democracia y la estabilidad de nuestra patria. Se trata de un intento de utilizar a un grupo de oficiales de la aviación militar para provocar un hecho violento, un atentado, un ataque”, aseveró Maduro en un acto, también con militares, celebrado el pasado 25 de mayo, apenas cinco días después de los cuestionados comicios en los que fue reelegido por seis años más.
Que el Presidente no ofreciera más detalles sobre la supuesta conspiración desarticulada hizo que muchos no se tomaran en serio la denuncia. Y motivos tenían, pues, al igual que su antecesor, constantemente denuncia conjuras sin mostrar pruebas creíbles en la mayoría de ellas.
No obstante, esto comenzó a cambiar cuando organizaciones como el Foro Penal Venezolano aseguraron que nueve uniformados y dos civiles, entre ellos un médico, fueron aprehendidos por los organismos de inteligencia.
Entre los arrestados estaba el general Nelson Morales Guitián, quien en 2017 saltó a la palestra por ser removido de la Guardia Nacional en el estado Carabobo, luego de negarse a enviar a sus subalternos a reprimir las manifestaciones opositoras que ese año sacudieron a buena parte del país.
Esa decisión le costó pasar unas horas en interrogatorio en la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), aunque después fue liberado y se le encomendó la tarea de garantizar el abastecimiento de tomates, papas, pimentón y otras hortalizas, en el marco del último plan gubernamental para paliar la escasez de alimentos que sufre Venezuela.
Estas detenciones se suman a otras ocurridas en marzo, mes en el que el Mandatario también expulsó a 24 uniformados que en los últimos años cuestionaron su gestión o que han huido del país para colaborar con las autoridades de Estados Unidos en investigaciones contra jerarcas chavistas.
Venezuela calificó como “un grosero acto de injerencismo” la reacción de la Unión Europea (UE) por el atentado contra Maduro, luego de que la comunidad pidiera una “investigación exhaustiva” de los hechos.
El capitán Leamsy Salazar, exescolta del expresidente del Parlamento, Diosdado Cabello; o el exministro de Transportes, Herbert García Plaza, han sido algunos de ellos.
Tanto el incidente del pasado 4 de agosto, el cual fue reivindicado por el grupo Soldados de Franelas (organización que supuestamente está conformada por civiles y militares y de la que era miembro el fallecido expolicía rebelde Óscar Pérez), así como la ola de arrestos de uniformados hacen que expertos y militares retirados aseguren que Maduro ve hoy con recelo a uno de sus principales soportes en el poder junto al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): el estamento castrense.
“La frecuencia con la que se vienen produciendo las detenciones de militares y que ahora ya no sean solo retirados sino activos, y algunos de posiciones importantes, indica que hay una crisis militar en desarrollo”, advirtió el exdirector del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Luis Salamanca, a quien estos acontecimientos no le sorprenden, pues “cerradas las vías institucionales y electorales, para que se dé un cambio político y frente a la grave crisis social y económica que vive el país, de la cual ya no escapan los militares, es normal que haya quienes comiencen a buscar otras salidas de facto o de fuerza”.
La organización Justicia Venezolana asegura que 150 oficiales de ese país continúan tras las rejas.
En similares términos se pronunció la experta en temas castrenses y presidenta de la organización Control Ciudadano para la Fuerza Armada y la Seguridad, Rocío San Miguel, quien aseveró que “a lo largo de 2018 se han producido detenciones de militares, las cuales son realizadas de manera general afectando a sargentos, primeros tenientes, soldados y cadetes. Esto ha sido un patrón, pero ha venido cambiando desde marzo, cuando comenzaron a producirse detenciones de los comandantes de Batallón, una situación sin precedentes en la historia de la Revolución (chavista), dado el poder de fuego y de tropa que manejan estos oficiales”.
La experta agrega que en su organización calculan que en 2018 se han producido unas 200 detenciones castrenses en Venezuela, de las que el 90% ha sido de oficiales de bajo rango, “porque el Gobierno siente que hay peligros en el ámbito militar”.
¿Golpe en ciernes?
Aunque Rocío San Miguel reconoció que por primera vez en más de una década en Venezuela vuelve a hablarse de ruido de sables, no cree que se pueda producir una insurrección militar en el corto plazo, ya que “el Gobierno hasta ahora tiene el respaldo del Alto Mando Militar y, aunque la crisis ha impactado duramente a la FAN, generando malestar, solamente el 3 % de los oficiales detenta posiciones de poder de fuego y el comando de tropas, y en esos puestos el Ejecutivo se ha asegurado de colocar a personas de su confianza”.
Además de las detenciones, en los últimos dos meses, el presidente Maduro tomó dos medidas para calmar a los cuarteles: otorgó jugosos aumentos, los cuales representarán para las menguadas arcas públicas venezolanas un monto similar al total del presupuesto originalmente aprobado para todo el Estado, y ratificó en su cargo al ministro de la Defensa, general en Jefe Vladimir Padrino López, quien ha ocupado el puesto castrense más alto desde 2014.
Pero también fue confirmado en su puesto el comandante del Ejército, Jesús Suárez Chourio, quien durante varios años se desempeñó como edecán de Chávez.
Sin embargo, otras medidas como la obligación de firmar un compromiso de lealtad con el Jefe del Estado revelan la preocupación en la nomenclatura chavista, al punto que condicionó los recientes ascensos, que son potestad exclusiva del Mandatario, en su condición de Comandante en Jefe de la FAN.
“La situación en la FAN no está controlada”, aseveró el periodista especializado en temas militares Javier Ignacio Mayorca, quien agregó que “en los últimos tres años se han dado tres movimientos insurreccionales, pero todos fueron abortados por los servicios de inteligencia antes de que llegaran a materializarse”.
Agregó que esto indica que hay descontento y gente buscando expresarlo. Según Mayorca, el último movimiento lo encabezó la promoción del Ejército de 1999, “la primera que graduó Hugo Chávez, esto es algo que no se puede perder de vista, porque estamos hablando de que muchachos formados bajo el chavismo se están rebelando”.
Pero en el chavismo disidente tampoco vislumbran la posibilidad de que se produzca un alzamiento.
“En la FAN hay mucho descontento, como lo hay en todo el país, pero no hay posibilidad de organizar nada, debido a la estricta vigilancia que mantienen sobre los oficiales y por el temor que hay en los cuarteles vista la suerte que han corrido algunos de los uniformados detenidos en los últimos meses, a los cuales incluso han torturado para sacarles confesiones”, relató la exdefensora del Pueblo Gabriela Ramírez, quien a mediados del año pasado marcó distancia del Gobierno de Maduro por su decisión de convocar la Asamblea Nacional Constituyente.
Borges rechaza acusación
El diputado venezolano Julio Borges dijo que el exjefe del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero lo amenazó con cárcel por negarse a firmar un acuerdo en el diálogo con el Gobierno en febrero pasado, un hecho por el que, dijo, se le vincula con el atentado al mandatario Nicolás Maduro.
”En el proceso de (República) Dominicana -sede del diálogo- nosotros sufrimos amenazas reales de (los oficialistas) Jorge Rodríguez, de su hermana Delcy Rodríguez, de Zapatero, que si no firmábamos ese acuerdo (…) nosotros íbamos a sufrir, y nuestras familias (…), nos amenazaron, en lo personal, con cárcel”, dijo Borges desde Colombia.
El opositor, contra quien Venezuela solicitó un código rojo de Interpol por el atentado, señaló que este hecho, así como su “tarea internacional de presión” contra el Gobierno de Maduro, dio pie a que se le vincule con ese ataque.