Por Esteban Rojas / AFP
Venezuela adoptará una nueva política para fijar los precios de la gasolina -la más barata del mundo-, que enfocará los subsidios en los poseedores de un carnet denunciado por la oposición como mecanismo de control social.
Sin embargo, quedan cabos sueltos. ¿Cuáles son las implicaciones de este giro en medio de la grave crisis socioeconómica?
¿Qué anunció Maduro?
El presidente Nicolás Maduro dijo el lunes que el subsidio del combustible beneficiará solo a quienes tengan el ‘carnet de la patria’, tarjeta electrónica establecida como requisito para acceder a planes sociales, lo que la oposición tilda de “chantaje”.
Los interesados deben censar sus vehículos hasta el próximo viernes. “Aquella persona que no atienda el llamado al censo (…), tendrá que pagar el precio del combustible al precio internacional”, advirtió. Con un dólar cambiado en el mercado negro se pueden comprar unos cinco millones de litros de nafta, pero solo 1,5 litros de Coca Cola. El gobernante socialista insinuó que los aumentos serían graduales a lo largo de dos años.
¿Qué falta aclarar?
Maduro no precisó cuáles serán las nuevas tarifas ni cuándo entrarían en vigencia. Los precios de la gasolina regular en otros países de América Latina oscilan entre 1,84 dólares (Uruguay) y 0,85 dólares por litro (Panamá), inalcanzables para la mayoría de los venezolanos.
El ingreso básico mensual equivale a solo un dólar, frente a 470 dólares en Uruguay. Tampoco es claro cómo se hará efectivo el subsidio a los tenedores del carné. En la frontera con Colombia, por ejemplo, ya se vende el combustible con un chip instalado a los autos para evitar el contrabando, pero la medida ha fracasado.
La oposición denuncia esta dualidad como “discriminatoria”. Otro punto clave por resolver son los sistemas de cobro, pues las gasolineras funcionan solo con efectivo, severamente escaso.
¿Qué hay detrás de la medida?
El analista Luis Vicente León, director de la encuestadora Datanálisis, no cree que el objetivo del gobierno sea aumentar su control mediante el ‘carnet de la patria’, sino los ingresos. “La mayoría de los venezolanos pagará su gasolina a precio internacional. Sea lo que sea que eso signifique”, sostiene.
Según el gobierno, el carné beneficia a 16 millones de personas, de una población de 30 millones. El parque automotor es de 4,5 millones de unidades. La producción petrolera, fuente de 96% de los ingresos de Venezuela, se ha derrumbado de 3,2 a 1,46 millones de barriles diarios entre 2008 y 2018, según la OPEP.
Además, el país debe pagar unos 18.000 millones de dólares de deuda en 2019, según la firma Ecoanalítica, con reservas de apenas 8.400 millones y sanciones de Estados Unidos que impiden nuevos financiamientos.
Según el especialista petrolero Luis Oliveros, el subsidio a la gasolina ha costado unos 10.000 millones de dólares anuales desde 2012. Ello alimenta un enorme déficit fiscal (18% del PIB), cubierto con la emisión de dinero, lo que ha llevado a que el FMI proyecte una inflación de 1.000.000% para 2018.
En un país dependiente de las importaciones y con un aparato productivo al 30% de su capacidad, la falta de liquidez se traduce en escasez de todo tipo de bienes. Oliveros cree que la medida contempla también el “racionamiento” de la nafta, con cuotas para la compra.
¿Tendrá impacto social?
Las protestas por la situación socioeconómica y las fallas en los servicios públicos proliferan. Además, detrás del tema de la gasolina está el fantasma del ‘Caracazo’, estallido social que se desató en 1989 tras un ajuste a los precios con saldo de 300 muertos en Caracas y poblaciones vecinas, según cifras oficiales.
Maduro ya autorizó en 2016 el primer aumento en dos décadas, pero el precio siguió rezagado y terminó evaporado por la inflación. El fallecido Hugo Chávez cuestionaba el irrisorio valor, pero nunca lo tocó. Mantener el subsidio es “un discurso para reducir el costo político”, señala León.
¿Golpeará al contrabando?
Maduro cifró en 18.000 millones de dólares anuales las pérdidas por el contrabando de gasolina, nueve veces por encima de estimaciones privadas, igualmente un desangre. En Táchira y Zulia, donde funciona el chip, el contrabando hacia Colombia se mantiene pese a que los pasos limítrofes están militarizados y cerrados al tránsito vehicular.
Expertos advierten además que con un sistema dual de precios quienes accedan a gasolina subsidiada seguirían teniendo enormes incentivos para el ilícito.