El Gobierno venezolano ha venido trazando su camino hacia la dictadura con medidas autocráticas, represivas e inconstitucionales, pero lo hasta ahora hecho no es su responsabilidad exclusiva, ya que el Poder Judicial ha sido su principal aliado al validar y cimentar muchas de las acciones que han cercenado derechos fundamentales de la población.
En esa ruta, una de las violaciones que lo ha dejado prácticamente hacer y deshacer con las instituciones y entes públicos es la ausencia de control. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le ha permitido al Ejecutivo ejercer el poder sin cortapisas legales o institucionales, cerrando el paso a la denuncia al negar el acceso a la información pública.
Un estudio realizado por Acceso a la Justicia entre 2000 y 2016 evidenció que el TSJ arrasó con este derecho, establecido en el artículo 28 de la Constitución y artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, al rechazar de manera sostenida las peticiones de datos de los organismos del Estado que deben ser públicos, como lo consagran el texto fundamental y los tratados internacionales.
La actualización de esta investigación arrojó que entre 2017 y mayo de 2018, el TSJ escaló en su objetivo de frenar cualquier revisión de información pública, pues negó todas las solicitudes hechas por la ONG, y además se retrasó más en el tiempo de respuesta de estos casos.
A continuación les presentamos una infografía con los nuevos datos sobre el cercenamiento del derecho de acceso a la información pública en Venezuela.
