La Defensoría del Pueblo de Ecuador ha reforzado un plan de apoyo a los venezolanos que llegan al control migratorio de Rumichaca, en la frontera con Colombia, con la intención de cruzar la divisoria en camino hacia Perú.
Así lo señaló hoy a Efe Sandra Villarreal, coordinadora de la Defensoría en la zona norte del país y encargada del plan de contingencia que la entidad aplica en Rumichaca desde el pasado sábado, cuando entró en vigor la decisión del Gobierno de Quito de exigir el pasaporte a los venezolanos que quieran cruzar el paso.
Esa resolución ha sido criticada por la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones defensoras de derechos humanos que exhortan al Gobierno a eliminarla y que han solicitado a la justicia la aplicación de medidas cautelares para frenarla.
El Gobierno ecuatoriano, por su parte, justifica la medida que busca, según dice, regular el inusitado aumento del flujo migratorio de venezolanos hacia Ecuador, así como combatir posibles delitos conexos como la trata de personas.
Villarreal, sin embargo, destacó que el requisito se haya eliminado a niños y adolescentes venezolanos que lleguen con sus padres o tutores, que sí porten el documento y que comprueben su filiación, parentesco y los certificados que acreditan la tutela.
La funcionaria aseguró que la Defensoría, en la aplicación de su plan de contingencia, ha detectado el caso de personas cuyos documentos, como pasaportes, han vencido el plazo de vigencia o se encuentran en malas condiciones.
Para la Defensoría, la exigencia del pasaporte no es coincidente con la normativa regional, andina y sudamericana, así como tampoco con leyes nacionales sobre movilidad humana.
Villarreal recordó que la norma regional señala que las personas, para cruzar al territorio de sus vecinos, deben presentar un solo documento, ya sea la cédula o el pasaporte.
Pero el problema se hace más agudo cuando se trata de menores de edad u otros grupos vulnerables, que también hacen tránsito en Ecuador para intentar llegar a otros países como Perú o Chile.
Villarreal dijo que por ello, el Gobierno ecuatoriano ha decidido flexibilizar la medida a niños y adolescentes.
Según Villarreal, no debe haber “una lectura fría de la ley”, sino que debe primar el componente humanitario de la normativa para proteger “el interés superior del niño” y que “no se afecte la reagrupación familiar”.
Por ello, dijo que la Defensoría ha ayudado a que grupos prioritarios, como niños, puedan avanzar en su proyecto de reunirse con sus padres.
Aseguró que el plan de contingencia de la Defensoría del Pueblo, que se ejecuta conjuntamente con otras entidades e instituciones, también implica la ayuda humanitaria, la atención sanitaria y el acompañamiento a las familias venezolanas que llegan a Rumichaca, entre otras. EFE