Gobierno de López Obrador propondrá la despenalización de las drogas

Gobierno de López Obrador propondrá la despenalización de las drogas

EFE/Iván Franco

 

La futura ministra del Interior aclaró que la propuesta será despenalizar, no legalizar. Adelantó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la idea de plantear la necesidad de una convención internacional para analizar el tema, reseñó Infobae.

El próximo gobierno de México tendrá una nueva propuesta de combate a las drogas en la que planteara ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) una “pauta interpretativa” para la despenalización de la marihuana y amapola para uso medicinal, planteó la futura ministra del Interior, Olga Sánchez Cordero.

Expuso que el país confisca a los cárteles sólo entre el 3% y 8% de las drogas que tienen como destino la frontera norte. Mientras que las organizaciones criminales consiguen lavar al año en México USD 25.000 millones.

Explicó que la despenalización facilitará la creación de una Ley de Amnistía, ya que dará un paradigma diferente en el combate a la delincuencia organizada.

“Queremos plantearle a Naciones Unidas una pauta interpretativa para poder lograr una despenalización de la droga en nuestro país, estamos pensando también en que podemos convocar a una conferencia internacional para que sea parte de esta despenalización”, explicó ante banqueros.

En primera instancia, aclaró, se buscaría despenalizar no legalizar, la marihuana y en un futuro la amapola con fines estrictamente medicinales.

De acuerdo con las definiciones jurídicas, la despenalización es la “supresión del carácter penal de un acto que se considera ilegal”. Es decir, dejar de tipificar como delito una conducta sancionada usualmente con penas de cárcel.

Mientras que la legalización se refiere al “acto mediante el cual esa conducta o parte de ella se vuelven legales o aceptadas dentro de la jurisprudencia y de la justicia de una región, dejando así de ser ilegales y/o prohibidos, yendo de la mano con algún tipo de norma que regule tal conducta”.

Otra parte de será proponer a la ONU el “flexibilizar” acuerdos antidrogas hoy vigentes, que datan de los años setenta, y que además de ser muy rígidos deben reinterpretarse.

Esta propuesta junto con la amnistía contra delincuentes han sido las más polémicas del próximo gobierno de México, el primero de izquierda en la historia.

Las opiniones a favor y en contra

La mayoría de los mexicanos rechaza la legalización (Gráfico: CESOP)

Una encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, publicada este mes destaca que 62% de los entrevistados está en contra de la legalización de las drogas para disminuir la violencia, mientras que 28% está a favor. De la misma manera, 77% no está de acuerdo con que el gobierno le otorgue amnistía a los grupos criminales, únicamente 12% está a favor.

Uno de los sectores que se ha manifestado en contra de estas propuestas es el de los padres de familia.

La Unión Nacional de Padres de Familia y otras organizaciones hicieron el primero de agosto un llamado al presidente electo para “no legalizar el uso de la mariguana, porque traería grandes consecuencias sociales y un mayor número de usuarios, entre los que se encuentran niños y jóvenes”.

Argumentan que la legalización en Estados Unidos no ha contribuido a reducir el nivel de consumo.

Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014 (Encode), 3.3% de los estudiantes de quinto y sexto grados de primaria, a nivel nacional, han consumido alguna droga, 4.7% de ellos son niños y 1.7% niñas. Recordaron que la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), indicó que el uso lúdico de la mariguana tiene efectos perjudiciales para la salud mental y física.

Sin embargo, a nivel local, estados como Guerrero, han tomado la iniciativa.

El Congreso estatal envió el miércoles a la Cámara de Diputados una iniciativa para legalizar el cultivo de amapola con fines científicos y medicinales.

En su argumentación, los legisladores puntualizaron que con esa propuesta –que adiciona y modifica la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales– podría atenderse la crisis de acceso de medicamentos controlados para los pacientes que requieren de cuidados paliativos, además de que se frenaría la violencia de la política prohibicionista.

 

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