Así como la reconversión monetaria fue impuesta, en el campo de la administración de justicia operó un fenómeno similar, ante el cual la reacción parece ser la misma, asombro con tendencia a la indiferencia ante lo ocurrido. La exacerbación de la Potestad Punitiva del régimen se anunció, fue implementada y al día de hoy es una realidad que hace prácticamente imposible negar que en Venezuela la Justicia tenga como eje principal el castigo.
La carga punitiva se procuró tener tras bastidores, ahora se exhibe. En un poema, Miguel Otero Silva refirió que a mi primo, “el cumanés Gabriel Centeno”, preso político en la época gomecista, sus carceleros lo mataron a tiros, reflejando una clara orientación punitiva que en nuestros días cobró vigencia con refinados métodos de tortura e inducción de la destrucción o muerte de los adversarios políticos, de ex camaradas soliviantados y militares que en número creciente amplían las violaciones a los derechos humanos.
Escuchando a la ex Juez María Lourdes Afiuni, a la mamá de Rosa Virginia González y, desde España, a Aramita González, supe que en sus casos, como en el de todos los presos políticos, se trata de un castigo muy superior a cualquier “desorbitado desprecio social” que pudo ver en ellas signos de intransigencia para mandarlas tras las rejas a sufrir, además de la privación de libertad, humillaciones y tormentos inenarrables. Esa percepción fue la misma que tuvo el mundo al ver a Juan Requesens maltratado a pocas horas de su detención.
En los Policías Metropolitanos, Marco Hurtado, Héctor Rovain, Arube Pérez, Luis Molina y Erasmo Bolívar; en los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas; como en los Guevara, dicho así por cariño, Rolando, Otoniel y Juan, el daño punitivo trasciende lo ejemplarizante instaurando el exterminio de la disidencia, rodeado de circunstancias que lo hacen particularmente ultrajante, vejatorio o penoso para el procesado o condenado por motivaciones políticas. En ese sentido, casos como el de los Generales Vivas o Hernández Sánchez han adquirido connotaciones de ejecución sumaria.
La prolongación excesiva del encarcelamiento de Lorent Saleh, Kamel Salame, José Antonio Garbi, sin que le hayan hecho juicio, de los militares implicados en el mentado Golpe Azul, aunado a los casos antes referidos y muchos más, denotan la ferocidad con que se hizo dicha reconversión a la vista de todos, ya no se trata del Derecho penal del enemigo, aquí presenciamos acciones violentas y retaliativas sobre la población civil, extendidas al sector militar, pase de facturas con acciones retaliativas propias de organizaciones criminales, algo muy diferente a cualquier tendencia doctrinaria o intelectual en el campo jurídico para castigar al contrario.
Esa fuerte carga punitiva o castigos atroces agravan todas las circunstancias camino a la recuperación de la vida democrática del país, pues persigue la aniquilación de la oposición o disidencia, en contraste, los valores, ideas y sentimientos de quienes padecen sus rigores en cárceles o sometidos a medidas cautelares sustitutivas de la privación de la libertad son fuentes motivacionales para levantar el ánimo ante tanta adversidad.
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