Un proyecto de ley busca congelar los bienes que puedan tener en Colombia dirigentes venezolanos del chavismo sospechosos de delitos como narcotráfico y corrupción, señaló el senador que presentó la iniciativa. AFP
“Nuestras economías no se pueden convertir en un refugio para el lavado de activos provenientes del robo permanente a la economía venezolana”, afirmó el político de centroderecha Rodrigo Lara, del partido Cambio Radical.
La propuesta plantea que personas y empresas venezolanas sospechosas de “delitos relacionados con el narcotráfico, la corrupción (y) el lavado de activos” sean sujetos de sanciones en Colombia, según reza la propuesta radicada en el Congreso el 15 de agosto.
De ser aprobada, sus bienes quedarán congelados “mientras se adelanta una investigación judicial sobre su naturaleza y origen”, con el fin de evitar que los activos “de la cúpula del régimen venezolano sean lavados a partir de transacciones” financieras, indica el proyecto.
Lara presentó una lista de sospechosos que incluye a “los 50 responsables más importantes de la cúpula del régimen” en Venezuela, entre ellos el presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, así como familiares y “posibles testaferros”.
Según el legislador colombiano, dirigentes chavistas están enviando sus recursos a Colombia y Brasil, donde “terminan inyectados en circuitos de lavado de activos (…) particularmente en finca raíz”.
Aunque admite que no tiene identificado los bienes que quedarían congelados, Lara confió en que las transacciones están siendo vigiladas por “Europa y Estados Unidos”.
Los activos que sean objeto de procesos judiciales podrían “ser trasladados a un fondo” destinado a “prestar ayuda humanitaria a los migrantes venezolanos”, agregó el senador.
En un comunicado emitido esta semana, el partido FARC, que emergió de los acuerdos de paz firmados en 2016 con la ya disuelta guerrilla marxista, anticipó su rechazo a un proyecto “profundamente inamistoso contra un país hermano”.
Colombia y Venezuela, que comparten una convulsa frontera de 2.200 km, pasan por un periodo de alta tensión diplomática, a raíz de acusaciones mutuas entre autoridades.
Bogotá, que tacha de dictadura al gobierno de Maduro, prácticamente mantiene congeladas las relaciones con Caracas desde hace poco más de un año, en medio del éxodo de cientos de miles de venezolanos que huyen de la escasez de alimentos, medicinas y productos básicos.