Los pensionados del IVSS han pasado a ser el contingente laboral más numeroso y homogéneo de la población venezolana, nos referimos a 3.500.000 trabajadores que cotizaron sus aportes en el contexto de la vigente ley del Seguro Social de 1966, y del artículo 26 que establece un mínimo de 750 cotizaciones para acceder a ese derecho. A esta cifra hay que agregarle 800.000 pensionados de la misión Amor Mayor asignados igualmente al IVSS, por decreto presidencial de Hugo Chávez en 2011.
Es importante tener presente que el derecho a la pensión y al sistema de seguridad social se enmarca en el contexto del artículo 86 de la vigente carta magna, que consagra el derecho a la seguridad social a toda la población venezolana, aspiración hoy incumplida por el Estado, al no haberse aprobado a 16 años de haberse promulgado la ley marco de seguridad social integral LOSSI (2002), las leyes correspondientes a los subsistemas de Salud y del subsistema de Pensiones. En ese lapso se han aprobado solo los subsistemas de: Adulto Mayor, Empleo y Capacitación, Riesgos en el Trabajo (LOPCIMAT) y Habitat y Vivienda.
La ausencia de las leyes de los dos subsistemas más importantes del sistema de seguridad social en cualquier país del mundo, ha sido sustituida por la demagogia gubernamental que mediante decretos las manipula a su conveniencia, en las campañas presidenciales y para garantizarse el apoyo de esa inmensa masa laboral. Mediante este modus operandi le ofreció pensiones al sector de la economía no dependiente o informal que registra a mas de 5.000.000 de trabajadores de la población activa, le ha generado expectativas con la misión amor mayor a la tercera edad, aún cuando el IVSS carece de la infraestructura necesaria para atender los actuales pensionados del IVSS.
En definitiva, así como el régimen mantiene al país en la ruina, el IVSS no podía escapar a esta vorágine, que ha conllevado a que la prestación de servicio a la salud es inexistente y el incumplimiento con los pensionados en el exterior es una tragedia humanitaria, ya que mas de 30.000 pensionados ubicados en su mayoría en diferentes países de América y Europa, subsisten en la penuria total al denunciar haber pasado hasta el presente 2018, casi tres años sin recibir depósito alguno de su pensión respectiva, lograda con su trabajo y no de regalo de presidente alguno.
El ensañamiento del gobierno contra los pensionados y jubilados es general, al pretender imponer el carnet de la patria como condición para cobrarla, desató la ira colectiva en todo el territorio nacional de millones de pensionados, burlados por el cronograma fallido para el pago de la pensión de 1.800 bs. S, lo que refleja el desprecio gubernamental al sector laboral que en una ocasión en su mayoría era su soporte político. Y ahora cansado de la demagogia y la burla oficialista ha roto definitivamente con el chantaje del régimen.
El otro sector vilmente maltratado, son los jubilados en el sector público, de ministerios, institutos autónomos, gobernaciones, alcaldías, quienes mantenían los beneficios socio-económicos de los trabajadores activos según la ley de jubilados y pensionados del 2010, contenida en su disposición cuarta, el régimen de Maduro los despojó en 2014, de estas conquistas mediante reforma de la ley, a través de una Ley Habilitante bastarda, que trasgrede la progresividad de los derechos laborales consagrados en la CRBV y el convenio 98 de la OIT, teniendo como resultado que hoy el monto de la jubilación de un trabajador público apenas alcanza 1/3 de su último salario, teniendo como compensación deplorable llevarla al salario mínimo, aún cuando el trabajador público cotiza doblemente al Seguro Social y al Fondo de Pensiones y Jubilaciones convertido en caja negra de la Tesorería Nacional.
En todo el sector de pensionados y jubilados se ha reafirmado la posición del carácter autónomo de la pensión y la jubilación frente al Estado, ya que ésta proviene del salario y la labor realizada durante los años de servicio establecidos en las leyes respectivas, confrontando la pretensión del régimen madurista de concederla como un favor presidencial, cuando en realidad ha vulnerado esos derechos, siendo éste un derecho vitalicio.
Froilan Barrios Nieves
Movimiento Laborista