Ya se sabe que dictadura no respeta Constitución y que es solo un adorno, utilizada como trapo de engaño en su ruidoso camino de fechorías.
El caso Requesens, es la suma de un laberintico proceso violatorio, que se usa como fórmula para asesinar, apresar, destituir, inhabilitar y perseguir toda voz que se atreva a manifestar su desacuerdo.
Después de la violación de la inmunidad parlamentaria, se han sucedido una serie de tropelías a la Carta Magna, que desnudan la tiranía y que llegado el momento, alguien tendrá que actuar para castigar esta crueldad del Chavismo.
En revisión rápida de la Carta Fundamental en este caso, lo que se vislumbran son verdaderas patadas al Estado de derecho. Se han violentado preceptos establecidos en el artículo 19 sobre la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos. Del articulo 21 sobre la igualdad ante la ley. De la obligación de los tribunales de garantizar la aplicación de los Tratados y Pactos relativos a los derechos humanos. (Artículo 23).
El 25 que declara nulos todos los actos contra la Constitución y la ley y la responsabilidad en que incurren los funcionarios violadores. Ella alcanza no solo lo penal, sino lo civil y administrativo. Similares obligaciones se desprenden del artículo 29 in commento.
El 43 y 44 sobre la inviolabilidad de la libertad, donde destaca el derecho de la persona detenida a comunicarse con sus familiares y abogados, y estos a ser informados sobre las condiciones en que se encuentra el detenido y el estado del proceso. Ya se cumple un mes y el Diputado permanece incomunicado y solo se sabe que fue torturado, tal como lo señaló el psiquiatra y esbirro del régimen. Igualmente el articulo 46 sobre el derecho de las personas a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
El artículo 49 sobre el debido proceso: derecho a la defensa, a ser oído, no permitir la confesión bajo tortura. En este sentido El Tribunal Supremo, los jueces del caso y las autoridades serán responsables personalmente de todas estas violaciones.
El artículo 60 que protege el honor y la reputación de las personas. Ya observamos la masacre moral cometida por Rodríguez, quien además ordenó drogar al Diputado, como se demuestra en otro video que circula por la redes, y que deberá revisar en su momento quien imparta justicia, cuando esta sea restituida.
El deber de acatar y cumplir la Constitución establecido en el artículo 131 es pisoteado todos los días. Este caso es solo un ejemplo. Deberían saber los miembros del poder judicial que han violentado los artículos 334 y 335 que establecen su deber de asegurar la integridad de la Constitución.
Ya corresponderá a una nueva organización institucional castigar estos exabruptos y a ello no escapan los autoridades de cualquier rango, los Jueces y los Magistrados, así como todos los miembros, sin excepción, de la falsa constituyente, que sostienen las tropelías y fusilamientos al Estado de derecho, sin precedentes en la historia de la República.