El paro nacional de 24 horas de este viernes para exigir la liberación de los presos políticos y el retorno del diálogo nacional alcanzó el 90 por ciento de la actividad económica, según Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con base en datos de las cámaras privadas.
Por lapatilla.com
La mañana de este viernes, los negocios formales como las grandes casas comerciales y bancos permanecieron cerrados, reseña el diario La Prensa de Nicaragua.
Lo mismo ocurrió con bancos, aseguradoras, ferreterías, restaurantes, tiendas en centros comerciales, farmacias, colegios privados, entre otros, que tampoco abrieron sus puertas en respaldo al llamado al paro nacional de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
En el caso de las medianas y pequeñas empresas y el comercio informal una gran parte sí trabajó durante la mañana, sin embargo después del mediodía se sumaron a la protesta para exigir al gobierno del presidente designado Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, una salida pacífica a la grave crisis que hay en Nicaragua desde hace casi cinco meses.
En Granada, Masaya, León, Chinandega, Boaco, Managua, Carazo, Jinotega, Matagalpa, los municipios de la Costa Caribe, Nueva Guinea y en el resto de departamentos del país, las grandes empresas dejaron de atender desde temprano y los pequeños negocios se les sumaron con el pasar de las horas, a pesar de las amenazas que algunos recibieron por parte del orteguismo.
En Granada, centro turístico golpeado por la caída de turistas ante la crisis, se dio el mismo comportamiento que en el resto del país. Fueron las empresas grandes como supermercados y gasolineras las primeras en no abrir al público desde temprano.
Negocios informales, comerciantes en el mercado y el sector transporte laboraron por la mañana, pero después de las 2:00 de la tarde de este viernes todo el comercio cerró y los buses que viajan hacia Managua, Malacatoya y Masaya dejaron de trabajar ante la falta de pasajeros.
Mientras en León, otros de los departamentos más castigados por la represión, todos los negocios y las empresas cerraron durante las 24 horas convocadas. Igual pasó en Masaya, donde sus calles estuvieron totalmente vacías porque la población se encerró en su casa y toda la actividad comercial se paralizó.
Escenas parecidas hubo en Boaco y Jinotega. Al norte, en Matagalpa, se reportó que el 50 por ciento del comercio se sumó al paro. En la ciudad de Rivas, al sur, es donde menos negocios apoyaron temprano.
El Gobierno trató de aparentar normalidad en el país, y por eso bajó la orden a los representantes del transporte intermunicipal y urbano que laboraran con normalidad, aunque no hubo pasajeros. Esto se evidenció con la circulación de las rutas casi vacías, incluso más tarde de las horas habituales.
Unidad es clara
Juan Sebastián Chamorro, representante del sector privado en la Alianza Cívica, dijo que la “valoración del paro es sumamente positiva”.
“La adhesión del sector empresarial grande y formal es una muestra clara de que aquí no hay un arreglo bajo la mesa (con Ortega), de que aquí el sector privado está junto al pueblo y su demanda. Este mensaje es la unión de todos los nicaragüenses en la búsqueda de una solución al problema sociopolítico que nos agobia”, afirmó Chamorro.
La demanda del tercer paro nacional era el cese nuevamente de la represión que, desde abril, deja entre 322 y 481 asesinatos, más de dos mil heridos y cientos de detenciones y procesos ilegales por participar en las protestas ciudadanas pacíficas.
La protesta convocada por la Alianza Cívica fue respaldada por las cámaras empresariales agrupadas en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), en la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), así como Funides, esta última dirigida por Chamorro. Los pequeños negocios, el comercio informal y la mayoría de los dueños de tramos en los mercados se unieron al paro como expresión del repudio a la “criminalización” de las manifestaciones cívicas y porque sean liberados los presos políticos.
Organismos de derechos humanos calculan que al menos 1,215 personas están encarceladas por su participación en las protestas. El régimen acusa a todas de terrorismo y usa el sistema judicial como otra arma represiva.
Campesinos, estudiantes, médicos, promotores de derechos humanos, jóvenes, exmilitares y miembros de la Alianza Cívica integran la lista de presos políticos de Ortega.
La Alianza valoró como fuerte el mensaje enviado con el paro, “de que en Nicaragua nada está normal”.
Despliegue policial
En Managua, pese a que hubo menos gente en las calles, la Policía Nacional estuvo desplegada en varios puntos de la ciudad. En la Rotonda de Metrocentro —incluso— hubo oficiales antidisturbios intimidando a la población que transitaba por ese lugar.
En los mercados, como Roberto Huembes, el comercio funcionó a medias por la mañana; en el sector de las artesanías los tramos estaban cerrados y en el área de las verduras y los alimentos los vendedores trabajaron con normalidad; sin embargo, por los pocos compradores los tramos cerraron en la tarde. Algunos conductores del transporte colectivo aceptaron que encontraron poca gente en las paradas de buses.
U$S20 millones por día
Según Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica y representante de Funides, las cámaras privadas calculan que en términos generales entre 20 millones y 25 millones de dólares es el costo de la suspensión de la actividad comercial de un día. La presión causa pérdidas en la recaudación. Sin embargo, el Gobierno insiste en atribuir la responsabilidad de lo que ocurre en el país a los manifestantes, que salieron a las calles a pedir democracia y justicia, sin asumir además su responsabilidad en la masacre.