En 2016 se aprobó la extracción de minerales en una superficie que equivale al 12,2% del territorio nacional, donde habitan 54.686 personas indígenas y tiene una gran diversidad ecológica, publica El País
Por RAFAEL UZCATEGUI / MARIANNA BELALBA BARRETO
Desde el año 2016 una decisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha dispuesto de la totalidad de 111.843 kilómetros cuadrados para la explotación de minerales, decisión que ha puesto en peligro la biodiversidad de la Amazonía venezolana y la vida de las comunidades indígenas de la zona. Esta área es tan grande como la extensión total de países como Cuba, Corea del Sur, Austria, República Checa o Suiza.
Venezuela ha vivido de la explotación petrolera desde que la extracción de hidrocarburos superó, en la década de 1910, el cultivo y comercialización de café y cacao. Desde ese momento, todos los proyectos de desarrollo se han basado en la renta energética. Ahora, en un contexto de profunda crisis económica, el gobierno intenta diversificar sus políticas extractivistas, en la expectativa de recibir altos ingresos económicos a corto plazo.
El 24 de febrero de 2016 se creó la llamada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), en una superficie de terreno que equivale al 12,2% del territorio nacional. Esta zona se encuentra en el margen sur del río Orinoco, la principal fuente de agua del país, donde habitan 54.686 personas indígenas, según el último censo del año 2011, y una gran biodiversidad ecológica que tras esta decisión se encuentra bajo amenaza.
Según el decreto, el AMO busca la extracción y comercialización por parte del capital nacional, trasnacional o mixto, de los minerales de bauxita, coltán, diamantes, oro, hierro, cobre, caolín y dolomita en toda la margen sur del río Orinoco. Esto se ha promovido ignorando dos requisitos necesarios de acuerdo a la propia Constitución de Venezuela, aprobada en el año 1999.
El primero de ellos, artículo 129, la obligación de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas. Adicionalmente, artículo 120, la realización de una consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitat indígenas.
Son muchos los sectores que han criticado el proyecto, desde sectores indígenas que han visto sus derechos afectados, como organizaciones ambientalistas y de derechos humanos quien han alzado su voz, intentando prevenir la afectación de esta zona. En este sentido, las organizaciones Provea, Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes y Laboratorio de Paz, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las violaciones a derechos humanos en el marco de este proyecto, como la omisión de la realización del estudio de impacto ambiental así como del derecho a la consulta previa, libre e informada; impactos negativos en el proceso de demarcación de los territorios indígenas; vulneraciones del decreto para los derechos a la libertad de reunión y asociación pacífica, así como en los derechos laborales y la militarización de la zona sin realizar consultas efectivas con las comunidades indígenas.
Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro no ha escuchado las diferentes críticas realizadas contra este proyecto. Por el contrario, las diferentes iniciativas que por ejemplo, han alertado sobre el impacto del proyecto han sido criminalizadas desde el sistema nacional público de medios.
En un país sumido en una profunda crisis social, económica y política, es poca la atención que se ha prestado a esta situación y el proceso de movilización contra el proyecto, que incluye académicos, activistas medioambientales y de derechos humanos, indígenas, músicos y otros sectores se ha eclipsado. Esto, a pesar de las repercusiones de este proyecto que ya se empiezan a notar. En los últimos años, la minería ilegal en la zona se ha expandido y con ello, ha aumentado el flujo de personas que llegan en busca de oportunidades económicas inmediatas.
Esto ha traído como consecuencia la acentuación de la crisis sanitaria con un repunte de enfermedades como el paludismo. En un país enfrentando una grave crisis humanitaria con una creciente escasez de medicinas, esto no es un mal menor. Ante la ausencia de medicamentos y centros asistenciales, el número de muertes a consecuencia de estas enfermedades es significativo.
La crisis social, política y económica que afecta Venezuela es muy grave y las severas violaciones de derechos humanos que persisten en el país, merecen la atención de las organizaciones nacionales, así como de la comunidad internacional. Sin embargo, no podemos ignorar la grave situación ambiental que puede derivar de la implementación del proyecto del Arco Minero y la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas de la zona.
En mayo de 2018, 24 países de América Latina y el Caribe (ALC) adoptaron el Acuerdo de Escazú, que busca garantizar de manera efectiva el derecho de acceso a la información y el derecho de la población a ser consultada en asuntos que puedan afectar su calidad de vida o el derecho a gozar de un ambiente sano.
El proceso de ratificación del instrumento se abre en septiembre de 2018, y un compromiso indiscutible con la garantía de los derechos ambientales y la protección de las personas defensoras del medio ambiente, sería la inmediata ratificación del mismo por parte de Venezuela y su efectiva implementación.
Marianna Belalba Barreto es investigadora en CIVICUS, la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana.
Rafael Uzcategui es coordinador general de Provea, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos.