La ministra de Minas y Energía de Colombia, María Fernanda Suárez, rechazó hoy el asesinato de tres geólogos por parte de las disidencias de las FARC en el noroeste del país y calificó el hecho como un atentado en contra de todos los trabajadores colombianos.
EFE
“Hoy es un día muy triste para el sector mineroenergético por el asesinato de tres geólogos en Antioquia. Como sociedad tenemos que contundentemente rechazar que personas profesionales no puedan ejercer sus profesiones y que grupos ilegales atenten contra la vida”, dijo Suárez a periodistas.
La funcionaria rindió un homenaje a las víctimas este viernes durante la presentación de la alianza de las compañías Celsia y Odinsa para instalar 10.000 paneles de energía solar en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá.
Para ello, la ministra le pidió a los asistentes que durante 10 segundos se pusieran simbólicamente un casco, elemento que identifica a quienes trabajan en el sector mineroenergético.
El crimen de los geólogos, aseveró Suárez, “es un atentado contra todos los colombianos y todos los profesionales que trabajamos todos los días”.
Un grupo de disidentes de las FARC ingresó ayer al campamento en el que descansaban 11 trabajadores de la multinacional minera canadiense Continental Gold en el corregimiento Ochalí, del municipio de Yarumal, en el departamento de Antioquia, y les disparó.
Las víctimas fueron identificadas como Laura Alejandra Flórez Aguirre, Camilo Andrés Tirado Farak y Henry Mauricio Martínez Gómez.
Otras tres personas resultaron gravemente heridas en los hechos y cinco más salieron ilesas.
El pasado 5 de septiembre el Clan del Golfo asesinó al ingeniero Óscar Alarcón Gallo e hirió a Jorge Armando Tarrá Almario, también trabajadores de Continental Gold.
El Ejército Nacional aumentó el número de soldados en la zona del ataque para capturar al jefe de las disidencias del frente 36 de las FARC, alias “Cabuyo”, responsable del ataque.
También, se informó que las autoridades del departamento de Antioquia ofrecieron una recompensa de 100 millones de pesos (unos 33.265 dólares) para quien suministre información sobre el paradero del guerrillero.