Una vez más, Diosdado Cabello pone en evidencia la falta de independencia, autonomía e imparcialidad del Poder Judicial.
Actuando como Juez de la causa, y sin haber sido notificado ninguno de los abogados, en su programa CON EL MAZO DANDO, ayer comunicó una presunta sentencia que condena a La Patilla a pagar una cantidad equivalente a $32.000.000,00 por un presunto daño moral, que nunca ha sido probado.
Durante el proceso judicial Diosdado Cabello nunca logró explicar en qué consistieron sus dolencias físicas o psíquicas, los tratamientos requeridos por el daño que supuestamente le ocasionamos, por haber reproducido una información publicada por otros medios de comunicación.
Las declaraciones que involucran al Capitán Cabello en actividades relacionadas con el narcotráfico fueron emitidas por Leamsy Salazar y algunos medios de comunicación internacional.
Reproducir informaciones no constituye un hecho ilícito, ni delito. Es una conducta lícita, es decir, tolerada, consentida, y amparada por el ordenamiento jurídico venezolano, tal como lo establece el artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en concordancia con el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La linea editorial de la Patilla no va a cambiar frente al chantaje judicial de Diosdado Cabello. Ninguna sentencia va a atemorizarnos porque somos un medio de comunicación libre e independiente y tenemos como horizonte permanente de actuación la búsqueda de la verdad y la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones, requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.
La Patilla mantiene incolume su compromiso de informar al pueblo venezolano, y es precisamente en tiempos de tiranía cuando la libertad de expresión adquiere una función primordial, ya que sin ella es imposible que se desarrollen todos los elementos para el fortalecimiento democrático y el respeto a los derechos humanos.
Perseguir a periodistas y medios de comunicación libres e independientes es propio de regímenes totalitarios que criminalizan este derecho.
Alberto Federico Ravell
Caracas, 27 de septiembre del 2018