“En flagrante violación de los Derechos Humanos y de la Constitución Nacional, el gobierno atenta contra la salud de los universitarios en Venezuela. En consonancia con lo que ocurre en todo el país en materia de salud, el gobierno echa al abandono a los profesores al desconocer sus derechos y causando en este aspecto un enorme retroceso en los derechos laborales, lo cual es imposible tolerar”, denunció hoy el profesor Omar Pérez Avendaño, presidente del Comité Ejecutivo del Instituto de Previsión del Profesor de la Universidad Simón Bolívar (IPP-USB) y Secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de esa casa de estudios.
Nota de Prensa
Agregó Pérez Avendaño: “Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y según la Constitución Nacional, la salud debe estar plenamente garantizada en el país. Esto no está ocurriendo de ninguna manera. De nada sirve la supuesta ayuda china en este sentido cuando nuestro sistema de salud no garantiza absolutamente nada. El artículo 25 de dicha Declaración reza textualmente que los ciudadanos tienen derecho a la asistencia médica y a seguros, en caso de enfermedad. Esto no se respeta en Venezuela. La Constitución, en su artículo 83, señala tajantemente: ´La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida´. El gobierno se burla así, abiertamente, de los acuerdos legales nacionales e internacionales contraídos. Es condenable su actuación en materia de seguros, de protección social de la familia y de atención general de la salud de los universitarios y de todos los trabajadores del país. Es inaudito, lo que en Venezuela está ocurriendo en este sentido”.
“Es de todos sabido que en Venezuela los hospitales están en el más completo de los abandonos. Las clínicas cobran cifras astronómicas, a veces en dólares. Esto hace inaguantable la situación extrema que padecemos los profesores universitarios. El gobierno viola hasta las convenciones colectivas que él mismo genera, en menoscabo así de nuestros derechos laborales. No tenemos evaluación preventiva con el examen integral de salud y la atención médica, lograda a través de los seguros, es casi inexistente ya, luego de haber sido cubierta en el pasado. ¿Cómo hace un profesor universitario con sueldos de hambre para pagar una clínica? También se descuidan los seguros de vida, los funerarios, la compra de medicamentos. La salud de toda la familia universitaria está por completo desprotegida. La vida está permanentemente en vilo para quienes nos dedicamos a ejercer trabajo académico”, advirtió el profesor Pérez Avendaño.
Concluyó el presidente del Comité Ejecutivo del IPP-USB: “El improvisado sistema que el gobierno nacional se inventó para la atención médica, el SISMEU, no es aceptado en la gran mayoría de las clínicas del país. Y, en caso de que alguna atención pudiera lograrse desde este sistema, cuyo propósito es atender el seguro básico de salud, que antes la mayoría de las universidades podía honrar, mantiene coberturas sencillamente ridículas. En materia de medicamentos apenas se cancela entre 40 y 110 bolívares soberanos por mes, el mismo monto que se aplica para la atención de emergencias y cualquier problema de atención primaria en salud u operaciones. Ni siquiera es un saludo a la bandera. 100 bolívares es el límite para la atención odontológica, para la oftalmológica, para lentes. Es decir, el SISMEU no cumple función alguna de protección en salud para los universitarios de Venezuela. En conclusión, de manera absolutamente irresponsable e inmisericorde, el gobierno se desentiende de la protección en salud para todos los universitarios, como lo hace con todos los venezolanos. ¿Constitución Nacional y salud? La letra más muerta de todas las letras muertas del país”.