El drama en la atención pública permea terrenos inusitados. Con la falta de papel de seguridad en el que se emiten los certificados de nacimiento, el Estado le niega su derecho a la identidad e incluso a la salud a los neonatos que nacen en los hospitales públicos. Sin un documento legal, los niños quedan anulados, fuera del Registro Civil. Armando Marín, viceministro de Hospitales y director del Jesús Yerena, en Lídice, admite que el problema se presenta en todo el país, publica Crónica Uno.
Por Julio Materano
Caracas. Dannis Hernández, “Dannito”, como lo llama su madre, Zenaida Alcázares, tiene cuatro meses de edad, es venezolano y caraqueño de cuna. Nació el 21 de mayo de este año, a las 9:30 de la noche y se llama exactamente como su padre. Hasta hora su historia personal tiene poco de extraordinario: su madre hace cola en cuanto establecimiento consigue para comprar leche y es el tercer hijo de esa familia residenciada en Petare. Pero lo que quizás podría ser el dato más obvio, el más indiscutible de todos, en la Venezuela en crisis es, tal vez, el más incierto.
En realidad, “Dannito” aún no ha nacido, al menos no desde el punto de vista legal. Con una existencia postergada por el Estado, su nombre todavía no figura en el Registro Civil y su identidad es solo un acuerdo familiar, un consenso. No hay nada que pruebe su nacimiento y mientras espera respuesta, Zenaida dice que lleva la cuenta de aquel alumbramiento en el almanaque batiente que cuelga de su nevera. Después de todo, su niño nació sano, como se lo había confirmado su médico durante el control, pero dos cosas cambiaron a última hora: vino al mundo por cesárea y, en lugar de una clínica, como lo había aspirado la mamá, nació en el Materno Infantil de Petare, pues tuvo problemas con la póliza de seguro y los dolores llegaron sin aviso previo.
“Me siento muy mal porque no hay quien responda. He acudido varias veces a la dirección del hospital y no hay quien dé la cara por la irresponsabilidad de este Gobierno. Nadie se atreve a decirme cuándo será solventado el problema. Con quién debo hablar para que me entreguen el certificado de nacimiento de mi hijo. Tengo más de tres semanas oyendo la misma excusa: ‘el próximo lunes estará listo’”, cuenta Zenaida.
Su drama es aún más profuso. Su esposo se mudó a Medellín hace seis semanas para abonar el terreno donde construirán lo que será su próximo hogar y poder dejar atrás la “pesadilla” de vivir en Venezuela sin alimentos, sin servicios ni medicinas.
No me he podido mudar a Colombia porque no tengo el certificado del niño y no puedo salir del país sin su partida de nacimiento. No lo he bautizado y tampoco he podido comprar leche regulada cuando se me ha presentado la oportunidad”, cuenta Zenaida.
Con el déficit presupuestario que arrincona a los hospitales, la crisis sanitaria no solo se ciñe a los problemas de infraestructura, la escasez de insumos y a la falta de personal. El drama en la atención pública permea terrenos inusitados y hace cuesta arriba la emisión de certificados de nacimiento, el documento que prueba la vida de los neonatos. En este nivel de la crisis, las maternidades se han quedado sin papel de seguridad para emitir las actas y responden a los reclamos con medidas improvisadas: un oficio sin mayor pretensión que la de asegurar que la madre fue atendida en el centro de turno. A decir verdad, la ausencia de papel de seguridad tiene implicaciones más allá de lo netamente legal y priva a los bebés, por ejemplo, del derecho a la inmunización en un país donde proliferan enfermedades que se creían erradicadas.
Gobierno admite fallas de papel de seguridad
Armando Marín, viceministro de Hospitales y director del Jesús Yerena, en Lídice, admite que el problema se presenta en todo el país y agrega que la emisión del certificado, compuesto por cuatro actas seriadas e impresas en papel químico, es responsabilidad de varias instituciones. La situación desborda el Área Metropolitana. Marín explica que el papel de seguridad no se produce en el país y ello ha retrasado la entrega. Solo en el José Gregorio Hernández, de Catia, donde fue reinaugurada la sala de parto, el número de parturientas atendidas en un día se incrementó de 15 a 60, según el personal. La recuperación de ese servicio abre una brecha importante de espera para las familias que aguardan por un certificado de nacimiento.
Frente a las fallas de un sistema de salud que implosiona, el viceministro de Hospitales asegura que buscan alternativas.
“Estamos haciendo impresiones en papel bond y les colocamos un sello de seguridad”, explicó
La escasez de EV-25, como también se les conoce a las planillas de certificación, no solo se recrudece en los establecimientos especializados como la Maternidad Concepción Palacios, también afecta a los hospitales generales como el Doctor José Gregorio Hernández, en Catia, donde fue reinaugurada la sala de parto. Daniel Hernández, directivo del Sindicato de Hospitales y Clínicas de Caracas, señala que la institución adeuda 900 certificados a niños nacidos en Los Magallanes. Aunque las primeras denuncias en torno al problema se presentaron en abril, no fue sino hasta hace dos meses cuando estalló el descontento.
El ginecobstetra Roberto Márquez, del Materno Infantil de Petare, asegura que la situación arropa a todas las instituciones públicas. Los certificados, que son emitidos por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz y refrendados por la cartera de sanidad, no llegan a las direcciones regionales de salud, lo cual impide su despacho a los distritos sanitarios, que son los responsables de suministrar el formulario a la dirección de registros médicos de cada hospital.
“El departamento de estadística de cada hospital debería permanecer repleto de actas”, dice el ginecobstetra de Petare y señala que solo en esa institución se atienden 1.000 partos por mes; sin embargo, no reciben actas de nacimiento desde hace más de seis meses.
“Los niños que nacen están sin identificación. En días pasados, un representante formuló la denuncia ante el Consejo de Protección del Niño porque no tenían forma de tramitar la partida de nacimiento de su representado. Las madres solo se van con una hoja que hace constar que parieron en el hospital”, advierte el médico.
Sin nombre, sin nacionalidad
Sin un documento oficial, los niños quedan anulados, fuera del Registro Civil, y para algunos su nacimiento es más una cuestión de fe que de certeza. Anadanis Aponte, abogada y exfuncionaria del Consejo de Protección de Niños y Adolescentes del municipio Sucre, hace énfasis en el aspecto legal. A su juicio, lo que ocurre en los centros públicos, donde nace 80 % de la población según el Ministerio de Salud, vulnera el derecho a la identidad.
Desde que el Consejo Nacional Electoral asumió la rectoría del Sistema Nacional de Registro Civil se han presentado fallas en los recursos y escasea el personal operativo para desempeñar funciones en los registros ubicados en algunos hospitales.
Hoy se viola el derecho a ser inscrito en un Registro Civil y se vulnera el derecho a un nombre y a una nacionalidad, dos aspectos que representan a los nacidos”, denuncia Aponte.
En la práctica, explica la abogada, también se priva a las familias del acta de nacimiento que prueba o demuestra quién es la madre y el padre del niño.
Los reclamos por la falta de identidad se presentan en los centros más importantes del país, como la Maternidad Concepción Palacios, Santa Ana y los hospitales materno infantiles de El Valle, Caricuao y Petare. Los familiares aseguran que tienen poco margen para resolver un problema, cuya responsabilidad es absolutamente del Estado. Daniel Hernández asegura que al problema de insumos en los hospitales se le suma la fragilidad institucional con la que se responde a los pacientes.
Lo que ocurre con la salud es reflejo de un Gobierno indolente. La identidad y el reconocimiento es lo primero que adquiere una persona al nacer”, indica Daniel Hernández.
En un país cuya tasa oficial de natalidad se ubica en 19,81 por cada mil habitantes, hasta los nacimientos son cuestionables. A la incapacidad del sistema de salud para brindar asistencia oportuna, se suma el deterioro del acceso a los servicios de asistencia médica afectados por el deterioro de su infraestructura y la falta de mantenimiento.
El epidemiólogo Mauricio Villadiego, extrabajador del Instituto Nacional de Higiene, explica que los registros de nacimientos no son un mero dato estadístico. La importancia de la data estriba en el diseño de programas, planes y proyectos de salud para proteger a una población vulnerable.
“Si no se registran los niños nacidos, no podremos construir un sistema de salud preventivo, eficiente. Cómo estableces un cerco epidemiológico sin siquiera saber cuántos niños nacieron en un período determinado”.
Padres enojados
En la Maternidad de El Valle, donde la entrega de certificados ha fallado en los últimos tres meses, los padres afectados han intercambiado teléfonos para hacerle seguimiento al tema. Aseguran que la dirección elude las quejas y, en lugar de fijar plazos para la entrega de los certificados, le restan importancia al trámite.
Nos dijeron que estaban al tanto de la situación, pero que había otros temas prioritarios como la falta de especialistas”, dijo Mirta Lozada, una representante del consejo comunal de la calle 2 de El Valle.
Las embarazadas de su comunidad saben que se enfrentan a un sistema de salud cuya mayor respuesta es “no hay”. “En mi caso tuve que esperar siete meses para que me entregaran el certificado de mi niña. Recurrí a la presión para que la oficina de registros médicos del Materno Hugo Chávez me consiguiera un acta de nacimiento”, contó la vecina Yoandris Espinoza, de Los Jardines de El Valle, quien se negó a conversar sobre su caso.
Lo que ocurre con los certificados de nacimiento, coinciden médicos, es un cuadro inusitado que compromete la atención integral de los neonatos. El problema ni siquiera figura en la data de denuncias médicas procesadas por Provea entre 2012 y 2017. Ni siquiera existe una queja similar documentada entre los 23.980 reclamos formulados contra el sistema público de Salud durante ese período.
Para Andrés Monsalve, cirujano del Materno Infantil de Caricuao, la ausencia de papel para la certificación de los nacimientos es el preludio de una crisis más profusa, que socava cualquier pretensión de servicio e institucionalidad.
De acuerdo con el artículo 22 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, todos los niños tienen derecho a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad. Según el instrumento legal, el Estado debe asegurar programas o medidas dirigidos a garantizar la determinación de identidad de todos los pequeños, incluidos el nombre, la nacionalidad y las relaciones familiares.