La Venezuela de hoy ya está constituida por dos países: el de adentro y el de afuera. Ambos países deben concebirse juntos, como parte de una unidad inseparable, y cualquier esfuerzo político, y de políticas públicas debe considerarlo así. Las cifras de FaceBook son contundentes y me las creo, pues no hay quién maneje datos mejor que el gigante que creado por Zuckemberg. Hay hoy más de 3 millones de recientes emigrados de Venezuela, cifra muy superior a la que reconoce Naciones Unidas. La encuestadora Datincorp hizo una repregunta de ese fenómeno en la encuesta sobre el exilio venezolano de Feb 2018. La respuesta hace estimar una emigración cercana a los 7 millones de venezolanos. Cualquiera sea la cifra real está entre ambos números, entre un 10 y un 20% del padrón electoral, y cualquier propuesta para Venezuela debe incluir esos dos países…
Es un éxodo, ciertamente. Y un éxodo que merma de manera importante las posibilidades de desarrollo del país, puesto que despoja a Venezuela de su mejor fuerza productiva. Un estudio reciente del Servicio Jesuita a Refugiados, evidencia que un 74% de quienes emigran están en la mejor edad laboral, entre los 20 y los 40 años, mientras que un 60% de los que se marchan tienen estudios universitarios. Es esta emigración acelerada la que ha vuelto a poner al país en los reflectores globales. Y las alertas de ese éxodo sobre los países receptores lo que imprime el sentido de urgencia a una acción de presión colectiva desde el exterior.
Ante esta realidad, urge plantear desde la Asamblea Nacional una iniciativa legislativa que garantice los derechos políticos de los venezolanos en el extranjero. Pese a que la constitución nacional garantiza expresamente el derecho a voto de los venezolanos, donde quiera que se encuentren, sabemos que la realidad burocrática se tropieza duramente contra ese objetivo constitucional. La iniciativa legislativa debe por ello poner énfasis en garantizar el derecho a voto sólo con la cédula y el registro previo en el CNE, independientemente del centro de votación.
Pero además, garantizar los derechos políticos de los venezolanos en el extranjero tambien implica proponer un rediseño institucional del parlamento para que incluya representantes de la diáspora. Que al menos el 10% o 15% de los parlamentarios sean escogidos por venezolanos en el exilio. Tener un bloque parlamentario de unas 20 sillas en las que estén representantes de los venezolano-colombianos, venezolano-españoles, venezolano-norteamericanos, etc… Tal como ocurre en el parlamento francés o el italiano, y también en los congresos de países hermanos como Colombia y Ecuador.
Trabajar en torno a una propuesta de esta naturaleza permitiría también encontrar puntos de conciliación entre las posturas de varios dirigentes políticos, los de fuera y los de dentro, y trabajar por una agenda común en un tema que refuerza la visibilidad del problema migratorio venezolano. Hay gran incertidumbre en estos momentos y un sentido de impotencia desde parte de la dirigencia y de la gente, en el sentido de que el desenlace de lo que ocurra en Venezuela no tiene que ver con lo que podamos hacer o dejar de hacer. Por un lado se está a la espera de lo que “pueda pasar” desde el exterior, y por otro lado se está expectante ante una posible última estocada, una convocatoria a un referendum aprobatorio de una nueva constitución express. Un proceso que ejercería la coacción y coerción ad nauseam. Nada peor para la acción política que este sentimiento de alienación. Un trabajo conjunto que apunte a garantizar los derechos políticos de los venezolanos no sólo es imperioso, sino que escapa del encasillamiento del manejo de la agenda pública con la que el régimen asfixia la discusión nacional, y permitiría hallar puntos de encuentro que faciliten entenderse, tanto a ciudadanos como a sus dirigentes.