Definitivamente, el régimen autoritario, dictatorial, tiránico, que nos impone su “gobierno”, ha decretado, abiertamente, no una reconversión monetaria, cambio de papelitos; no un “paquetazo”, como lo denominan como si viniera envuelto; no un plan de “salvación” económica, ése que algún ministro de baja ralea, sombra tenaz de Maduro, señala que en tres meses tendrá vigencia su impronta en la recuperación nacional, creyéndonos imberbes imbéciles; ha decretado, reiteramos, la pena de muerte al trabajo en Venezuela.
La empresa privada padece agobios inusitados para su mediana sentencia lapidaria, última; lucha contra la inexistencia inducida. Mientras, el régimen, torturador y despótico, amplió hasta lo indecible su alcance ofreciendo plazas de trabajo huecas, subyugándonos así, bajo su seno matador, a la inmensa mayoría de los venezolanos, en procura de su absoluta prosternación, para poseerlos bajo su égida dominatriz.
De ese modo, el régimen sustentado por sometidos, destruyó absolutamente la protección social: cajas de ahorro inútiles, prestaciones sociales de las que acaso quedan nombres absurdos; seguros de hospitalización, cirugía y maternidad impronunciables en la minusvalía diaria de sus cifras; protección familiar inexistente, recreación inimaginable y una ridícula rémora: el bono de alimentación, ése cuyo origen fue un almuerzo diario “brindado” como complemento del “sueldo”, ahora re-“constituido” en menos de una sopa al mes. No parlemos acerca de las bolsitas de comida, esmirriadas cada vez más, aunadas a los bonos que sueltan y caen insustanciales, insuficientes, como no sea para darle abrigo a las limosnitas populistas, juguetes monetarios engaña tontos, eso que ni abundan ya.
Las tablas de sueldo aplanadoras causan el necesario estupor que produce su conocimiento y su comparación inmediata con la realidad. Contrarias a la posibilidad de adquirir productos suficientes para la ingesta de alimentos personales, familiares. Fueron impuestas también, indiscutidas, son la puesta en práctica del decreto de muerte del trabajo en Venezuela. A ello hay que sumarle la desmedida alza de los impuestos, el iva, el de la renta; el pasaje diario, el valor del metro, la gasolina: todo brincó en un salto abrumador con su consecuente repercusión inmediata en todos los bienes y demás servicios. Súmese que los mencionados servicios abundan en ineficiencia o inexistencia: transporte, agua, gas, electricidad, son guindas en la torta de los sufrimientos laborales. Claro que hay una ingente necesidad de ayuda humanitaria en Venezuela, pero los ciegos ojos de arriba no ven lo pútrido, no lo sienten abajo.
El decreto de muerte del trabajo en Venezuela nos tiene que encontrar a los trabajadores como estamos, en el hastío absoluto, en la repulsa absoluta contra todo, de allí el incremento de la violencia, de allí el incremento de los suicidios, de allí el incremento del moderno trabajo de esclavo, y, por supuesto, de allí el incremento de los emigrantes que huyen de lo falluto de este Estado. En enero la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, que me honro en presidir advertía de la desvalorización del trabajo; ya podemos decir: se ha producido el decreto de la muerte del trabajo en Venezuela. A los trabajadores, y a toda la ciudadanía, nos toca imponer el alto, ya basta, hasta aquí, no más, en la calle, con los gañotes a cuanto den, haciéndole ver a todos, que no lo permitiremos, hasta que se vayan.
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