Los llamados a una investigación independiente que esclarezca las causas de la muerte del concejal venezolano Fernando Albán, cuando se encontraba en un edificio policial y bajo custodia del Estado, crecieron hoy en el país suramericano, a menos de 72 horas del deceso del opositor.
La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) demandó en un comunicado que se establezca una comisión internacional de expertos que realice un estudio sin sesgos por la muerte de Albán, y recordó que la Constitución del país declara que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentran privadas de su libertad”.
OVP pidió, además, que sean el Secretario General de la ONU, António Guterres, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Margarette May Macaulay, quienes creen la comisión para este estudio independiente.
La ONG OVP señaló que se hace necesaria una investigación independiente ante las presuntas “versiones contradictorias por parte de representantes del gobierno nacional” luego de la muerte de Albán, detenido apenas el viernes pasado cuando regresaba desde EE.UU., donde visitó a sus hijos, por su presunta implicación en el atentado contra Nicolás Maduro de agosto pasado.
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, informó el lunes que Albán falleció tras arrojarse al vacío desde el piso 10 del edificio del Servicio de Inteligencia (Sebin) cuando solicitó ir al baño, “y estando allí se lanzó”.
Ese mismo lunes, el Ministerio del Interior señaló que Albán se arrojó cuando estaba en una sala de espera, y ayer Saab ratificó la tesis de muerte autoinfligida, pero señaló que se produjo cuando Albán solicitó ir al baño durante el “almuerzo”.
Estas declaraciones aparentemente inconsistentes, así como supuestos testimonios de fuentes internas del Sebin citados por opositores, y que cuestionan la versión oficial de suicidio, han estimulado las denuncias que apuntan hacia la hipótesis de “homicidio” en este caso.
También hoy, la diputada opositora y vicepresidenta del comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria Mundial, Delsa Solórzano, exigió una investigación independiente y remarcó que las fuentes oficiales han ofrecido “tres versiones distintas” sobre la muerte de Albán.
Estas peticiones de la OVP y de Solórzano por una investigación independiente se unen a las que ya hicieran la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), la Iglesia católica, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y varios Gobiernos, que han pedido al Ejecutivo de Nicolás Maduro determinar responsabilidades en este caso.
En tanto que el partido Voluntad Popular (VP), del opositor detenido Leopoldo López, exigió hoy a Maduro romper su silencio y “responder” ante el fallecimiento de Albán.
El diputado de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y miembro de VP, Juan Guaidó, dijo que la Cámara demostró en el pasado la responsabilidad del ministro de justicia, Néstor Reverol, en violaciones a los derechos humanos y que Maduro “lo validó” en el cargo, según reza una nota de prensa de la agrupación.
“Por haber validado a Reverol, Nicolás Maduro debe responder quién es el responsable del asesinato de Albán”, dijo Guaidó quien recordó que la AN aprobó hace meses una moción de censura contra el ministro, que el práctica conlleva a su remoción.
El grueso de la oposición venezolana cuestiona la hipótesis del suicidio de Albán y aseguran que este fue “simulado” para “ocultar torturas” que, denuncian, le habrían ocasionado la muerte al político.
Hoy Joel García, quien fuera abogado de Albán en la causa por el atentado contra Maduro, dijo a Efe que las presuntas pruebas de la Fiscalía contra el opositor son, desde su muerte, “totalmente ilícitas”.
El fiscal general ratificó ayer que Albán se suicidó, como así lo revelan las conclusiones preliminares de la investigación y que, como parte de las investigaciones, el Ministerio Público ha recabado “1.272 notas de voz” de su celular, 2.400 documentos en correos electrónicos y 2.084 vídeos.
Pero García detalló que en vista de que no se había presentado tal evidencia con el fallecimiento de Albán cesó cualquier acción penal sobre su defendido y “si él (Saab) obtuvo posterior a la muerte ese contenido, está violando la ley, porque no hay acción penal contra esa persona”. EFE