El fiscal de Suiza le envió a la Justicia de Estados Unidos los registros bancarios de las cuentas que se han utilizado para el pago de US $ 160 millones en sobornos a cinco personas, entre ellas altos funcionarios del gobierno de Chávez y directores de PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela. La identidad de los involucrados todavía se mantiene en secreto
Por Jamil Chad, corresponsal desde Ginebra para el diario El Estado de Sao Paulo (Brasil) | Traducción libre del inglés por lapatilla.com
Con los registros,, los estadounidenses tienen la intención de identificar que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se beneficiaron del esquema que corrompió las adquisiciones del Estado venezolano. La sospechosa es que hasta los apagones en Caracas, aún bajo el gobierno de Chávez, fueron usados para evitar licitaciones públicas y desviar dinero.
Los documentos obtenidos por el diario El Estado revelan que el Tribunal Federal de Suiza rechazó todos los recursos presentados por dos empresarios que participan en el esquema: Roberto Rincón y Abraham Shiera, tratando de evitar la entrega de datos. En enero de 2017, fueron arrestados en Estados Unidos y son acusados de crear más de 20 empresas fachada para simular competencias para quedarse con contratos de PDVSA.
Los investigadores estadounidenses sospechan que la pareja habría pagado más de 1.000 millones de dólares en sobornos, entre 2009 y 2014, usando 730 cuentas, algunas de ellas en Suiza. En los documentos figuran tres cuentas bancarias a nombre de dos empresas offshore: Branman International Limited y Muldan Associates SA, con sede en Panamá.
En total, fueron 137 transacciones identificadas, moviendo US$ 160 millones. Rincón y Shiera habrían pagado esa cantidad para quedarse con contratos valorados en 767 millones de dólares. El dinero habría ido para cinco directores de la estatal y miembros de la cúpula chavista.
En una carta rogatoria de la justicia estadounidense a Suiza, fechada el 7 de noviembre de 2016, los investigadores dejan claro que las brechas encontradas en el pago de los sobornos tuvieron una relación directa con las leyes adoptadas por el entonces presidente Chávez.
“Debido a la situación de emergencia de energía en Venezuela a finales de 2009, el presidente Chávez emitió un decreto el 2 de febrero de 2010, con la eliminación de procedimientos estándar para la adquisición y contratación con las empresas propieadad del estado”, dice el documento. “En respuesta a la falta de electricidad, de acuerdo con los nuevos procesos de licitación modificados, PDVSA compró equipos y turbinas por valor de 767 millones de dólares”.
“De acuerdo con las investigaciones de las autoridades estadounidenses, las turbinas no fueron compradas directamente de los productores originales del equipo”, advirtió el documento de la justicia suiza. “Por lo contrario, estos contratos se firmaron con varios intermediarios”.
Una de las empresas bajo sospecha de ser sólo una fachada, tenía un presidente de apenas 21 años que “no tenía experiencia relevante en el sector de energía”, según los suizos. El esquema todavía implicaba la creación de una red de empresas para simular una competencia por los contratos. “Se creaban licitaciones para dar la apariencia de una competición que no existía en la realidad”, constató la investigación.
“Las autoridades estadounidenses sospechan que los fondos han ido a Suiza a través de un número elevado de cuentas bancarias”, dicen los suizos.
La dirección de PDVSA no respondió a los correos electrónicos del reportaje. La diplomacia venezolana tampoco quiso pronunciarse sobre el caso, reseña el diario El Estado