El chavismo ha respondido a la presión internacional de las últimas semanas con una escalada represiva que encontró su punto culminante con el “suicidio” esta semana del concejal Fernando Albán en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). El hostigamiento contra la oposición incluye también el aumento de la censura contra medios y periodistas y los arrestos “ejemplarizantes” contra los que protestan, ya sean enfermeras en huelga, bomberos que graban vídeos humorísticos o médicos que no se pliegan al poder, publica El Mundo.
El penúltimo caso profundizó aún más la sensación de impunidad que se sufre en Venezuela. Cuatro jóvenes oficiales de la Aviación Militar Bolivariana fueron excarcelados el jueves por la mañana, tras cumplir cuatro años de prisión acusados en el llamado ‘Golpe Azul’. Según el oficialismo, se trataba de una conspiración que incluía bombardeos en Caracas.
La alegría entre sus familiares y amigos sólo se prolongó durante unas horas. Agentes del Sebin detuvieron el jueves por la tarde a dos de ellos, el teniente Peter Moreno y el primer teniente Luis Lugo, y además se llevaron a Gloria Calderón, la madre de este último. “La dejaron detenida sin ninguna razón, hago responsable al Gobierno de Nicolás Maduro de cualquier evento que pase con mi madre”, denunció entre lágrimas su hija Estela Lugo a través de las redes sociales.
“El llamado golpe azul siempre ha sido una farsa que hoy lamentablemente sigue instrumentándose para intimidar a sectores militares. La detención de Gloria Calderón ratifica el patrón de terror-violencia-miedo utilizado por el Gobierno como fórmula de poder. Es su respuesta a uno de los escenarios que teme, que es la implosión militar”, subrayó a EL MUNDO Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad.
“Se afianza el nuevo patrón de represión de la dictadura: detener a familiares de personas solicitadas. Ya lo hicieron con un niño de tres años cuando el Comando Nacional Antiextorsión lo secuestró para presionar a su padre”, denunció la ONG de derechos humanos Provea.
El caso de los cuatro militares recuerda el calvario que vive el general Raúl Isaías Baduel, ex ministro de Defensa y compadre de Hugo Chávez, quien permaneció una década en prisión condenado por corrupción y cuando se cumplía su pena fue acusado de traición a la patria para impedir su salida de la cárcel. “En el año que tiene mi papá en la Tumba (calabozos en los sótanos del SEBIN que concentran gran parte de las denuncias de tortura según antiguos presos políticos y organismos de derechos humanos) se ha mantenido aislado 10 meses”, se quejó ayer Andreína Baduel. La familia lleva 10 semanas sin ver al militar, hombre clave para que la revolución retomase el poder tras el golpe de Estado de 2002 contra el “comandante supremo”.
Una escalada que comenzó en agosto tras el supuesto atentado contra Maduro y que incluye el encarcelamiento ilegal del diputado Juan Requesens y los vídeos grabados durante su permanencia en la sala de interrogatorios. El parlamentario, al que su familia ha visitado dos veces en dos meses, no recuerda nada en absoluto. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que Requesens fue drogado con burundanga, sustancia psicotrópica que anula la voluntad y lleva a la víctima a un estado de sumisión.
Tanto a Requesens como al concejal Albán les une su trabajo estrecho con Julio Borges, ex presidente del Parlamento exiliado hoy en Bogotá y que desde febrero se transformó en la bestia negra del chavismo al negarse a firmar los acuerdos auspiciados por José Luis Rodríguez Zapatero en Santo Domingo.
En el plan gubernamental para mantener el control del país destacan también los arrestos ejemplarizantes, como el sufrido por los dos bomberos de Mérida que se atrevieron a grabar un vídeo sarcástico en su estación, en el que comparaban al primer mandatario con un burro. Ricardo Prieto y Carlos Varón permanecen detenidos por delito de odio desde hace un mes, mientras su unidad de bomberos fue intervenida por el Estado.
Mejor suerte corrieron las tres enfermeras detenidas en Anzoátegui, liberadas tras las protestas de sus propias compañeras. El sector de la salud se encuentra en pie de guerra para exigir mejores en sus paupérrimos sueldos y la llegada de insumos a sus centros hospitalarios.
No se sabe en cambio qué suerte correrá la neumóloga y conocida activista Maryori Medina, de 63 años, detenida hace una semana por 20 funcionarios de la DGCIM y a la que acusan de delitos informáticos. El propio Luis Almagro, secretario general de la OEA, exige desde hace días su liberación inmediata.