“Un modo (que creen) las dictaduras sirve para evadir las responsabilidades que acarrea un proceso injusto, es el de sacar lo más lejos que pueden a sus secuestrados. El destierro de Saleh evidencia esta práctica, no obstante estamos seguros de que Lorent seguirá luchando junto a cada venezolano extrañado de su patria por la libertad de Venezuela”, señaló la diputada Dignora Hernández en nombre de la Fracción Parlamentaria del 16 de Julio.
Nota de Prensa
Para la Sub-Jefa de dicha fracción, el pseudo proceso que se le siguió a Saleh estuvo plagando de irregularidades, ilustrado por el sólo número de aplazamientos de su acto inicial, lo conducente era decretar la libertad plena e inmediata de Saleh, en lugar de extrañarlo del país como si ello no acarreara responsabilidad alguna por los más de cuatro años de prisión cumplidos, amén de las recurrentes torturas y de los dos intentos de suicidios que en voz de su madre Yamile Saleh fueron conocidos.
La Parlamentaria recordó al régimen que El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su Art. 12 que, “nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra en el Art. 5 que “nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho de ingresar en el mismo. Igualmente la violada, asesinada y desaparecida constitución del 99, precisa en su Art. 50, único aparte, que “ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra Venezolanos”.
Asimismo señaló que “Situaciones, como la del reciente asesinato del concejal Albán, por ejemplo, fuerzan a la dictadura a tomar medidas como la de Saleh, siendo extremadamente claro el ordenamiento jurídico en torno a las responsabilidades que uno y otro caso generan, respecto a la prisión arbitraria de ciudadanos inocentes. Nunca había pasado algo así en la Venezuela contemporánea, como lo ocurrido con Lorent o con Villca Fernández, literalmente lanzado al Perú”.
Explicó la parlamentaria yaracuyana que los casos históricos más cercanos datan de 1966-1968, cuando dirigentes y líderes guerrilleros fueron destinados al exterior, pero aclara: “Sin embargo, eran completamente diferentes, porque se trató de sendas medidas de conmutación de las penas impuestas, cumplidos el procedimiento judicial que, ya se orientaba en el marco de una política de pacificación. Y ésta también debía salvaguardar la vida de esos líderes tomados por traidores por sus propios compañeros de causa”.
Finalmente dijo: Lorent nunca debió ser secuestrado y mucho menos desterrado: Hoy le decimos al régimen que su frecuentada estrategia de la Puerta Giratoria no le funcionará para tapar sus miserias: Fernando Albán y demás caídos jamás debieron ser Asesinados. Fustigo.