El ex jefe negociador de las FARC, cuyo paradero se desconoce hace semanas, se reportó ante el sistema de justicia de paz creado en Colombia que les exigió a los líderes rebeldes ratificar sus compromisos con el acuerdo que puso fin a medio siglo de guerra.
AFP
Iván Márquez entregó un informe a través de sus abogados que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les solicitó a él y otros 30 excomandantes, para que reiteraran su compromiso con el pacto e informaran sobre sus actividades tras la firma del histórico acuerdo en 2016.
El plazo otorgado en septiembre por la JEP, encargada de juzgar los delitos ocurridos durante el conflicto armado, venció el martes, aunque la entrega por sí misma de los documentos no constituye garantía de cumplimiento.
En caso de que no se reportaran, se abre un proceso contra los exguerrilleros que incluso puede derivar en su expulsión del sistema de justicia transicional, con lo que sus órdenes de captura serían levantadas y deberían enfrentarse a la justicia ordinaria.
La exigencia de la jurisdicción se dio en el marco de la desaparición de varios líderes rebeldes, entre ellos Márquez, Henry Castellanos (“Romaña”) y Hernán Velásquez (“El Paisa”).
Desarmada y transformada en partido, la exguerrilla ha denunciado incumplimientos a lo convenido en Cuba, especialmente en garantías de seguridad y de reincorporación para sus excombatientes.
Márquez renunció a su escaño como senador, que le reservaba el acuerdo, alegando “desfiguración” del pacto suscrito con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.
Quien fue el segundo de la otrora guerrilla comunista ha dicho que las FARC fueron ingenuas al dejar primero las armas, sin que se concretaran los compromisos del pacto.
Además de Márquez, presentaron los informes o solicitudes de prórroga el líder máximo de la exguerrilla Rodrigo Londoño (“Timochenko”) y otros excomandantes como Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo y Pastor Alape.
Igualmente lo hizo “Jesús Santrich”, preso en una cárcel bogotana y pedido en extradición por Estados Unidos por un supuesto caso de narcotráfico, que las FARC consideran un “montaje judicial”.
“Preocupación” por El Paisa
El único que no se reportó fue “El Paisa”, un temido exguerrillero que estaría en una zona selvática del sur del país. Ahora la JEP decidirá si abre un incidente de incumplimiento, en el que determinaría su sanción.
“Hay preocupación porque si él no aparece, quiere decir que no tiene ninguna voluntad de paz”, dijo a periodistas el ministro de Defensa, Guillermo Botero.
Versiones de prensa han apuntado a supuestas incorporaciones de algunos excomandantes a las disidencias de la exguerrilla o a huidas a Venezuela. Esto ha sido negado por las FARC, que ha pedido a los líderes desaparecidos que esclarezcan su situación.
El presidente Iván Duque también ha exigido a los rebeldes que se reporten.
El mandatario asumió el poder el 7 de agosto con la promesa de modificar lo pactado por considerarlo indulgente con los rebeldes, aunque aún no ha explicado el alcance de las reformas que propone.
El pacto de paz que dio origen a la JEP prevé otorgar penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia, sean guerrilleros o militares.