Recientemente en una de sus tantas cadenas de radio y TV, el régimen tenía como invitado especial un alto funcionario del gobierno chino, allí uno de los altos jerarcas del gobierno nacional pidió la palabra para preguntar al invitado chino, palabras más palabras menos, que cuales eran los controles que ejerce su gobierno sobre la actividad económica en su país. La respuesta fue: “El 90 % de las empresas en China son privadas, el Gobierno no puede ejercer ningún control a ellas. El Gobierno puede implementar un sistema de incentivos o acicate para que las empresas privadas puedan elevar la productividad y mejorar la eficiencia y así puedan ganar más. Las empresas privadas pueden trabajar con las políticas industriales del Gobierno y éste puede ofrecerles asistencia y los subsidios necesarios. Así algunas empresas buenas, que tanto necesitamos, pueden desarrollarse con más rapidez”, explicó al ministro.
Y esto no es un cuento chino, esa nación, mientras mantuvo una economía centralizada con empresas manejadas por el Estado, fue uno de los países más pobres del mundo donde el hambre, la desnutrición y las enfermedades mataron millones de personas. Pero después de la apertura económica y la privatización de su economía, China se convirtió en la segunda economía del mundo (14,8% del valor de la producción mundial) y pudo sacar de la pobreza a millones de sus ciudadanos.
La pregunta que se atrevió a formular el jerarca del régimen fue imprudente, porque ignoraba que China maneja dos sistemas de gobierno, el político que es una férrea dictadura comunista y en lo económico se comporta a la manera del capitalismo más salvaje del mundo. Por cierto que este funcionario es uno de los responsables directos de la hambruna que está padeciendo nuestra población, debido a su activa participación en la aplicación de controles a la producción de alimentos y al irrespeto a la propiedad privada.
La pregunta que formuló el funcionario venezolano al funcionario chino tiene su respuesta en los artículos 112; 115; 116; 299; 305; 306 y 307 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todo ciudadano debe conocer la carta magna de su país y su contenido es de obligatorio cumplimiento para toda nuestra población, sobre todo si ejerce funciones públicas.
En esos artículos de nuestra constitución, precisamente, está la hoja de ruta para emprender el retorno a la prosperidad y para devolverle la dignidad y la felicidad a nuestra población. En esos artículos, se garantiza el derecho de propiedad y se expresa claramente que, sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. Para eso existe la Ley de Expropiaciones con Fines de Utilidad Pública o Interés social, pero el régimen no la usa e inventó “decretos leyes” que violan la constitución.
Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la propensión a invertir, la Constitución establece que no se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por esta. Y se señala que el Estado puede confiscar bienes solo cuando estos se hayan obtenido mediante el enriquecimiento por actividades de narcotráfico y por delitos de corrupción administrativa. Es decir, no existe la confiscación de bienes obtenidos mediante actividades económicas lícitas, sin embargo el régimen las ejecuta.
El marco legal socioeconómico de nuestro país se fundamenta en los principios de la libre competencia, la protección del ambiente, la productividad; y la armonía entre la oferta y la demanda. El propósito es el de asegurar el desarrollo humano integral y la existencia digna de nuestra población. En ese sentido se establece claramente que el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo y mayor valor agregado nacional en los bienes y servicios producidos. Señala también que esto se logrará mediante la libre competencia, la libertad de trabajo, y permitir y estimular el desarrollo de la libre empresa. El régimen ha hecho todo lo contrario, se ha dedicado a destruir la iniciativa privada y la libre competencia mediante controles, regulaciones y el irrespeto a la propiedad.
La carta magna establece que: “el Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población”. En resumen la seguridad alimentaria es entendida universalmente como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, así como el acceso oportuno y permanente a éstos por el consumidor. Esa premisa también la contempla nuestra constitución. Si el régimen respetara este precepto constitucional se hubiese evitado la crisis humanitaria que padecemos por la falta de alimentos.
El irrespeto a nuestra constitución, nos ha conducido hacia la grave situación económica en que se encuentra sumergida nuestra nación, debido a la pobreza, el desempleo, la escasez y la hiperinflación.
Y pensar que todo está allí mismo: los todavía grandes recursos, los formidables talentos y los firmes propósitos de ayuda internacional. Solo con lograr el establecimiento de un verdadero Estado Democrático, podemos rescatar a Venezuela y la reactivación de la economía, estamos seguros, será el comienzo de la reconstrucción integral de nuestro país, una inmensa empresa donde vamos a necesitarnos todos los venezolanos.
@fernandocaminop