Deben salir de prisión, esto no puede seguir así. La ex magistrada Blanco Rosa Mármol de León calificó de denegación de justicia y delito penal el hecho de que se mantenga privados de libertad a los funcionarios de la extinta Policía Metropolitana, injustamente acusados por los hechos del 11 de abril de 2002. Así lo reseña el-carabobeno.com
En el programa Buen Provecho, que se transmite por Radio Caracas Radio bajo la conducción de Thays Peñalver y la ex magistrada, se analizó la situación de Marco Hurtado, Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín, Arube Pérez y Luis Molina, cinco de los nueve funcionarios sentenciados por 2 de las 19 muertes ocurridas en Puente Llaguno. Los otros cuatro están presos en sus residencias, con medidas de casa por cárcel, por haber presentado graves padecimientos de salud.
La magistrada Mármol de León sentencia: La juez Ada Marina Armas, que ha negado todas las medidas alternativas al cumplimiento de la pena y mantiene en prisión a personas que ya cumplieron su sentencia, es la responsable y responderá por las injusticias que está cometiendo. “Por lo que hacen responderá desde el último eslabón de la cadena hasta el primero, que es el presidente”.
Al programa radial fueron invitadas María Pascastillo y Chiquinquirá Hurtado, esposa e hija del comisario Marco Hurtado, condenado a 16 años y 8 meses de prisión por los sucesos de Puente Llaguno pese a que no se encontraba en el sitio. El cabo primero Arube Pérez Salazar fue condenado a 17 años y 10 meses de cárcel. Ambos tienen sus sentencias cumplidas por las medidas de redención de la pena por estudio y trabajo, que conmutan un día de cárcel por cada dos días de trabajo o estudio en prisión. Ya tienen, sin embargo, 15 años y seis meses presos y no les han conmutado los días. El tiempo de prisión ya excede lo establecido en la ley.
Pascastillo pensó que con la confesión del ex magistrado Eladio Aponte Aponte se iba abrir una luz de justicia en el país. “El reconoció que había montado una sentencia contra los policías metropolitanos por órdenes de Hugo Chávez. Lamentablemente fue ignorado porque en Venezuela no hay estado de derecho. No sirvió de nada que el magistrado hubiera confesado, no podemos legalmente esperar nada de este gobierno”.
Mármol de León explicó que la confesión de Aponte debió ser una oportunidad para revisar todo ese juicio, más cuando reconocía que la sentencia obedecía a órdenes presidenciales. En ese momento debió haberse sobreseído la causa y abrir procedimientos disciplinarios a cada juez y fiscal que actuó al margen de la ley, privando de libertad a estos inocentes.
Pero la política del régimen sigue siendo dejar pasar en silencio, lamenta Mármol, porque la vida continúa para los verdugos, pero para los que están sometidos a la injusticia no hay vida.
La esposa del comisario Hurtado reiteró que todas las fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena de su esposo y de Arube Pérez están vencidas, inclusive el confinamiento. Todo se solicitó ante el tribunal pero nunca hubo respuesta. “Hace dos años introdujimos un amparo por esta violación de sus derechos. Los jueces Cintia Meza, Oswaldo Flores y Enrique Leal tienen en su poder los recursos de revisión y un recurso de amparo por denegación de justicia por parte de la jueza Ada Marina Armas”.
La magistrada Mármol explicó a la audiencia que al recibir un amparo, el magistrado debe responder de inmediato dando respuesta a la medida solicitada, si la acepta o la rechaza. No hacerlo es ilegal. “En ese momento debieron dar la medida alternativa al cumplimiento de la pena, era lo legal”.
Blanca Rosa Mármol de León no sabe qué tipo de conciencia se debe tener para no pronunciarse ante un recurso de amparo y ante el vencimiento de las medidas alternativas al cumplimiento de la pena, pese a saber que una persona está injustamente detenida.
Lo que sí sabe la magistrada es que estos no son jueces profesionales. “Un juez no puede hacer eso, su conciencia no puede permitírselo. En su momento esa actuación podrá considerarse un delito: Primero viene el procedimiento disciplinario y luego podría pasar al área penal”.
María Pascastillo insistió: En 2016 y 2017 introdujimos amparos por denegación de justicia y aún no ha habido respuesta. Mármol de León le respondió: No responder es una forma de denegar la justicia.
La esposa de Marco Hurtado recordó que al sentenciarlos, a los nueve policías metropolitanos les aplicaron todas las penas accesorias. “Les quitaron los derechos maritales, la patria potestad y otros derechos civiles. Les impusieron multas, nos hicieron pagar todas las costas procesales, fueron más de 16 millones de bolívares en carpetas, hojas blancas, lapiceros, tóner, que fueron consignadas ante el tribunal en diciembre de 2011”
La respuesta de la magistrada no se hizo esperar. “Qué asco, esos no son jueces, son verdugos, toman de la ley lo que les conviene, echan mano de disposiciones civiles y penales y las aplican a su libre albedrío”. Explicó que las penas accesorias son la inhabilitación política durante el cumplimiento de la pena y seis meses después.
Por este caso varios funcionarios fueron sacrificados. El comisario Domingo Chávez, jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la época reconoció en el tribunal que durante las investigaciones no habían podido determinar la responsabilidad de los policías y así quedó en actas. El fue destituido, comentó Pascastillo.
El juez Doménico Di Gregorio Rossi corrió igual suerte. Fue el primer juez que recibió el caso de manos de Danilo Anderson, quien le entregó copias fotostáticas simples. “El juez no vio elementos de convicción y negó la solicitud de privación de libertad. Fue destituido, su casa tiroteada, debió sacar a su familia. Fue destituido públicamente en un Aló Presidente por Hugo Chávez”.
Todo esto empezó removiendo jueces con una lista que decía destituido, removido, recordó Pascastillo. Así fueron sacando jueces de carrera para meter a los que iban a cumplir órdenes.
La jueza Ada Marina Armas no quiere correr la misma suerte. Ella reconoció que no puede hacer nada. “Estoy esperando una llamada, órdenes, yo no puedo hacer nada”. María Pascastillo aún recuerda la frase que les dejó ver que, según Armas, la decisión no está en sus manos y que no actuaría apegada a la legalidad.
Para la magistrada Mármol, nadie obliga a los jueces a cumplir esas órdenes. A lo único que le debe temer un juez es a su conciencia y eso solo se logra con funcionarios de carrera judicial, sentenció.
Antes de finalizar el programa, Thays Peñalver pidió a la audiencia recordar que en el país hay un grupo de hombres injustamente privados de libertad. “Marco Hurtado, Héctor Rovaín, Arube Pérez, Luis Molina, Erasmo Bolívar, Iván Simonovis, Henry Vivas, Lázaro Forero y Luis Rodríguez nunca debieron estar presos”.