Según el Registro Administrativo de Migración Venezolana (RAMV), hecho la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el departamento de Putumayo en el puesto número 26 del ranking de 30 departamentos con presencia venezolana. Según el documento entregado, en todo Putumayo hay 591 familias y 890 personas, representando apenas el 0,20 % del total de población venezolana en el país.
Trabajo especial por: CINDY A. MORALES/ EL TIEMPO
Los datos de Migración, entregados a corte de septiembre, hablan de 1.106 personas en todo ese departamento, y apenas 41 que tienen como ciudad de hospedaje la ciudad de Puerto Asís. Estos datos podrían no reflejar la realidad dada la constante movilización de esa población y, sobre todo, que las cifras de Migración son solo de personas que entraron al país con pasaporte.
En el terreno, el panorama es otro.
La mayoría de autoridades de Puerto Asís coinciden en que las estadísticas del RAMV pueden no ser tan exactas debido a la desinformación de los venezolanos que no se enteraron del registro, pero también a la decisión de otros que prefirieron no participar del censo por una campaña de miedo y mentiras sobre una posible deportación.
Uno de los casos más preocupantes es el de Puerto Asís. Las cifras de Migración indican que el total de población venezolana es de 185 distribuidos así: 40 hombres, 111 mujeres, 13 niños, 21 niñas y 1 transgénero.
“Esa es una cifra oficial, pero cualquiera que camine por las calles del pueblo se da cuenta que esos números no reflejan la realidad”, afirma Ómar Guevara, el alcalde de Puerto Asís, quien confirma que muchos de los venezolanos no se hicieron censar por “preocupaciones” alrededor de sus datos personales.
En efecto, Puerto Asís se ha convertido en un punto de permanencia y tránsito de la población venezolana. Tanto es así que las mismas autoridades del municipio más poblado del Putumayo no esconden que se rigen por los datos que recoge Funvencol, una fundación de venezolanos en Puerto Asís que lidera Julio Sifontes y que lleva también estadísticas de Valle del Guamuez y Puerto Caicedo, y no por las cifras oficiales.
El puesto fronterizo de Ecuador y Colombia es diferente al que hay con Venezuela en Cúcuta. Casi todos los autobuses que vienen de Bogotá, cuando cumplen la ruta, llegan a la terminal de La Hormiga tras 18 horas de trayecto. El pasaje puede costar hasta 100 mil pesos.
Desde allí, los venezolanos toman una nueva flota que les cobra 7.000 pesos más y que recorre la carretera número 45. Tras 40 minutos más de camino se estrellan con San Miguel, el último municipio colombiano a esa altura.
Luego se adentran a General Farfán, el primer pueblo ecuatoriano y apenas unos kilómetros después está el Puente Internacional de San Miguel, la frontera entre Ecuador y Colombia. Eso quiere decir que los límites se trazan cuando ya se está del lado ecuatoriano. Hasta ahí no hay ningún control migratorio.
Los buses llegan hasta el puente. Desde ahí, los venezolanos deben bajarse, tomar sus maletas y caminar a pie los 220 metros de largo que tiene el puente que costó 3 millones de dólares y se terminó en 1995, pero recién empezó a operar en septiembre de 2000.
Ya del otro lado tienen dos opciones: pueden caminar durante 35 minutos, o usar motocicletas que por 3.000 pesos o 1 dólar los llevan hasta el Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf), una estructura de dos pisos donde Colombia hace presencia con dos pequeñas oficinas del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
Además, hay un puesto de Migración Colombia donde trabajan tres personas y hay un punto de salud que solo caracteriza a la población, pero no la atiende. Aunque Ecuador y Colombia comparten los gastos del Cebaf, es el vecino país el que tiene más presencia administrativa, valora y presta servicios médicos básicos para todos los migrantes.
También hacen presencia la fundación Tarabita, que les da asistencia legal y protección a personas refugiadas; la Cruz Roja de Ecuador, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (Adra) y el Consejo Noruego para Refugiados.
Además, tiene habilitado un comedor donde a través del Programa Mundial de Alimentos se les ha desayuno o almuerzo.
Unicef también dispuso de tres carpas para que los migrantes puedan pasar la noche. Algunos deben hacerlo porque llegan después de las 6 de la tarde cuando las oficinas migratorias de Colombia y Ecuador ya han cerrado.
Según Migración Colombia, el total de cruces de personas de todas las nacionalidades por el Puesto Migratorio de San Miguel fue de 35.765 desde enero hasta septiembre de 2018.
De estos, 27.476, es decir casi el 80 %, eran de origen venezolano. Esos datos lo ponen por encima, en salidas de población venezolana en tránsito, del aeropuerto de Rionegro, en Antioquia (18.646 en 2018), del Puesto migratorio de Puerto Santander, en Norte de Santander (15.426) o del Rafael Núñez de Cartagena (4.547).
El punto fronterizo de San Miguel solo apareció en el informe de septiembre de 2018 entregado por Migración. En los anteriores documentos no se había tenido en cuenta este paso limítrofe como un principal punto de salida.
Esto se debía a que antes de abril, los flujos no eran significativos. Pero desde el pico en agosto, donde alcanzaron a pasar 7.012 personas, el movimiento es más fuerte y constante.
Migración Colombia reveló en su informe especial de 3 años sobre la situación de frontera en Venezuela y Colombia que la ruta Bogotá – San Miguel, era una de las tres que utiliza la migración de tránsito (es decir aquella que usa a Colombia como punto para ir a otro país) para llegar a Ecuador, Perú, Chile y Argentina.
De acuerdo con el documento, los desplazamientos se hacen caminando –de 10 a 15 días de duración- o en transporte público -26 horas-. Más de 593 mil ciudadanos venezolanos han abandonado Colombia.
Desde inicios de 2018 aproximadamente 547.000 venezolanos han ingresado a Ecuador a través de la frontera colombiana, a un promedio diario de entre 2.700 y 3.000 hombres, mujeres y niños, estima el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Ecuador.
“El flujo de llegada de personas en esta frontera era más bien pequeño, sobre todo si lo comparas con Rumichaca, a donde llegan más personas. Pero desde mediados de abril y mayo empezó a incrementarse el número de personas de origen venezolana que cruzan por esta frontera. Actualmente por este paso hay unos 400 cruces diarios de venezolanos, pero hay picos muy altos que provoca saturación” Sonia Aguilar, de la oficina de Acnur en Ecuador.
“Según Migración Colombia, el total de cruces de personas de todas las nacionalidades por el Puesto Migratorio de San Miguel fue de 35.765 desde enero hasta septiembre de 2018”
Un hospital público que no da abasto
Una de esas 593 mil personas es Andrea Ramírez. Aunque salió de Venezuela el 15 de mayo, se quedó durante cinco meses en Zipaquirá mientras su esposo y ella reunían el dinero para llegar a Perú.
A pesar de que lograron tener la plata en dos meses, uno de los tantos anuncios del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de prohibir la salida de venezolanos y cerrar la frontera con Colombia los llevó a darle el dinero a una tía para que fuera ella quien llegara al país inca.
Pero no es el único tema a resolver en Puerto Asís con los migrantes venezolanos. El acceso a salud, un problema constante entre los mismos colombianos, ahora se agrava con una población que ha puesto todavía más contra las cuerdas al servicio.
A las dificultades propias del sistema, muchos más palpables en una zona como Puerto Asís, donde apenas se cuenta con un hospital que en el papel aparece como de nivel uno, pero que presta servicios de nivel dos, se suma la inaplicabilidad del decreto 866 expedido en 2017 por el Ministerio de Salud y Protección Social.
En este documento se establece que las entidades territoriales tendrán recursos excedentes del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) para la atención de urgencias prestadas en Colombia a nacionales de países fronterizos.
Hasta ahí, podría solucionar algunos de los problemas financieros que suponen para las Entidades Sociales del Estado, como el único hospital local de Puerto Asís, la atención de población venezolana. Pero no es así por cuenta de una de las cinco condiciones que fija el decreto: “Que la persona que recibe la atención sea nacional de un país fronterizo”.
Eso quiere decir que Putumayo recibe dinero de esta cuenta si atiende a ecuatorianos o peruanos porque son personas nacidas en territorios fronterizos con ese departamento, pero no pude incluir en esa cuenta la atención de venezolanos.
Según el Ministerio de Salud y Protección Social, esa entidad le ha entregado al Gobernación del Putumayo $158.456.395 en el año 2018. El departamento es quien paga a los hospitales, para lo cual aplica los criterios incluidos en el mencionado decreto.
EL TIEMPO quiso establecer cuánto de ese dinero estaba destinado a la atención de población venezolano. Sin embargo, esa cartera no tiene esas cifras.
“No nos han dado línea clara para esta población básicamente porque no hay recursos. A nosotros nos pagan por atender ecuatorianos porque la Secretaría Departamental garantiza el dinero, pero no sucede así con los venezolanos. Nadie se esperaba esta migración tan catastrófica para el país”, señala Nancy Deaza Hernández, subdirectora científica de la ESE hospital local de Puerto Asís.