A los riesgos de salud por falta de controles prenatales, se les suma que los niños no pueden adquirir la nacionalidad colombiana ni la venezolana, publica Infobae.
Por Adriana Chica García desde Bogotá, Colombia
Cuando supo que estaba embarazada, Johanna Gudiño, de 24 años, decidió irse de Venezuela. No tenía muy claro qué haría del otro lado de la frontera para sobrevivir, pero varias amigas ya habían dado a luz en Colombia. Y sea cuales fueran las condiciones, serían mejor que en su país. Como ella hay más de 8.000 venezolanas en la misma situación. La falta de medicamentos y el acceso precario de salud las obligó al exilio. Y aquí enfrentan un problema más: la nacionalidad de los niños, o más bien la falta de esta.
Johanna tenía dos meses de gestación cuando cruzó sola la frontera. Entre la multitud que pretendía pasar el puente Francisco de Paula Santander, se le escurrió a Migración Colombia y llegó a Cúcuta. “Unas semanas antes un chico se ahogó en el río Táchira, por eso preferí arriesgarme y corrí con las manos en la barriga para que no me golpearan”, contó a Infobae. Conseguir un pasaporte en Venezuela es casi imposible -dijo-, por eso ingresó indocumentada.
Al día siguiente ya estaba en Bogotá, en la carrera 19 con Avenida Caracas, en el centro de la capital. La recibió una amiga en un hotel modesto. “Eso por ahí es maluco, y un poco inseguro. Pero sigue siendo mejor que Venezuela”, comentó mientras tomaba el siguiente Transmilenio para continuar el único trabajo que consiguió para tener qué comer. Cada mañana Johanna ingresa a las estaciones del transporte público para vender dulce en los buses.
Debe conseguir mínimo 7,8 dólares al día para pagar la habitación que le alquilan diariamente, y un poco más para poder comer. “La plata la divido para comprar las vitaminas que necesita mi bebé para su buen crecimiento y que en mi país no hay. Con lo que quede como algo, a veces pido comida y otras veces me regalan almuerzos en restaurantes o en casas”, explicó. El día de la entrevista con Infobae aún no había almorzado, eran las cuatro de la tarde.
A veces duerme entre estaciones y trata de salir solo una o dos veces al día para ir al baño, pues cada ingreso es un nuevo pasaje por pagar. Hacía unos días había ido de urgencias al hospital por un dolor en el abdomen, después de ocho horas de espera tuvo su primer control prenatal desde su llegada a Colombia, y ya con siete meses de gestación. Para dar a luz irá a urgencias, como lo han hecho otras venezolanas que conoció cerca del sector donde vive.
“Un día que no trabaje es una noche en la calle, porque cómo pago la pieza. Por eso no voy al médico, uno pasa allá todo el día para que lo atiendan, tendría que conseguir en un día la plata de dos para poder ir. Cuando tenga al bebé no podré trabajar, no tengo el permiso de permanencia, entonces también hago para poder ahorrar algo y tener con qué comprar los pañales y cositas que necesite”, contó Johanna que hace poco se había enterado del sexo de su hijo.
María Díaz, una inmigrante venezolana indocumentada que tiene siete meses de embarazo, descansa en un refugio improvisado en el viaje con su pareja a Bucaramanga, en Pamplona, Colombia, 26 de agosto de 2018 REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
A junio de este año había 8.209 venezolanas en Colombia bajo la misma situación que Johanna, según el Informe Final del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia, realizado entre el 6 de abril y el 8 de junio de 2018. La cifra podría ser mucho mayor en la actualidad teniendo en cuenta los migrantes que han ingresado en los últimos cinco meses y las embarazadas que no se han censado.
La mayoría de ellas han entrado por Cúcuta o La Guajira en busca de atención médica para el parto, dada la crisis hospitalaria que atraviesa Venezuela y el aumento de mortandad infantil. Muchas, al dar a luz, regresan a su lugar de origen. En otras el embarazo es circunstancial a la migración. Y otras llegan para quedarse debido al acceso inadecuado a servicios de salud y a la crisis económica que las tiene pasando hambre.
Esos fueron los perfiles identificados por Julián Fernández Niño, doctor en epidemiología y experto en procesos de migración, quien realiza un estudio en la Universidad del Norte sobre esta población. “Estas mujeres llegan en condiciones de alto riesgo por las posibilidades de contraer enfermedades debido a su misma situación. Pues llegan con problemas de nutrición, de salud mental, la mayoría con trastornos depresivos, y algunas como víctimas de violencia de género”, resaltó.
Las principales afecciones que presentan en la gestación, durante el parto y después de él son -de acuerdo con Fernández-: preclamsia, sangrados, desprendimiento de placenta, problemas en el nacimiento por la mala ubicación del bebe que no fue verificada antes. E infecciones que preocupan a las instituciones médicas como sífilis y VIH. “Este último se podría evitar el contagio al feto, pero el tratamiento no es cubierto para las migrantes indocumentadas”, aclaró.
El Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, la segunda ciudad donde se encuentra el mayor número de venezolanas embarazadas, también aseguró que entre sus principales preocupaciones están las enfermedades que las gestantes están transmitiendo a los bebés. “Llegan sin vacunas, hemos tenido 11 casos de sífilis congénita, que no se detecta hasta después del nacimiento del menor”, describen.
En la capital, por ejemplo, se registraron 335 intervenciones a mujeres venezolanas por complicaciones relacionadas con el embarazo a agosto de este año, según el Consejo de Bogotá. De ese total, 197 terminaron en abortos. En cuanto a la atención en salud de esta población se han realizado más de 5.700. Y aunque la norma obliga a los centros asistenciales a brindar de forma gratuita citas de control prenatal y asistencia de urgencia en partos, la demanda es tan grande que los recursos no alcanzan.
A este contexto se le añade otro problema: los niños nacen sin nacionalidad y, por ende, sin derechos.
Niños apátridas
Según lo estipula el artículo 96 de la Constitución Política, la nacionalidad colombiana se puede obtener en dos casos. Por nacimiento, cuando alguno de los padres es colombiano o cuando extranjeros tienen domicilio permanente en el país. O por adopción, cuando los extranjeros con estatus migratorio legal solicitan ser inscritos como colombianos. Ninguno de los dos casos se cumple para las venezolanas migrantes indocumentadas.
Pues, aunque hayan decidido vivir en Colombia, el domicilio permanente se cumple para las autoridades si cuentan con estatus migratorio. Es decir que los que llegan de forma irregular no podrían adquirir la nacionalidad colombiana y, por ende, sus hijos tampoco, aunque nazcan en territorio nacional. Nacer sin nacionalidad convierte a los bebés en apátridas, y el mayor riesgo es que ningún Estado les garantiza sus derechos.
No pueden acceder a servicios básicos como salud o educación, no pueden trabajar, ni votar, ni registrar su matrimonio o nacimiento de sus hijos; explicó la ONG Dejusticia. Es decir, quedan en total indefensión. Y el Gobierno aún no ha definido si el Permiso Especial de Permanencia (PEP) sirve como status migratorio para los venezolanos que lo adquieren.
Teniendo en cuenta ese contexto, los bebés de madres venezolanas indocumentadas nacidos en Colombia no tendrían la nacionalidad del país. Podrían adquirir la de sus padres acudiendo a la misión diplomática y realizando una serie de trámites que son casi imposibles por la crisis que afronta Venezuela.
“Se les expide un certificado de nacido vivo, un registro civil que dice que no computa para nacionalidad y el acceso a salud. La nacionalidad la deben tramitar en los consulados ante las autoridades venezolanas. Sin embargo, eso también lo estamos evaluando. La gente tiene miedo de acudir a los consulados. Avisan en Venezuela y pierden sus viviendas y otros beneficios que el gobierno del vecino país les da”, explicó a City TV Felipe Muñoz, gerente del Plan Fronteras, una iniciativa migratoria coordinada desde la Cancillería colombiana.
Así las cosas, estos niños que están naciendo en el país entran a un limbo jurídico, sin que el Estado pueda definir todavía su situación. La lucha para las madres continúa después del parto.