La ONG Transparencia Venezuela hizo público hoy un informe en el que detalla el desempeño de 42 empresas del Estado que fueron arropadas por la corrupción y ha agravado la crisis alimentaria que agobia al país petrolero, y responsabiliza a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro por esta situación.
En este informe, que indaga sobre el desempeño de 576 empresas estatales, con especial énfasis en 160 de las áreas de minería, hidrocarburos, servicios públicos y agroalimentario, se analizan sus reglas, resultados financieros, responsables de gestión y casos de corrupción que se han denunciado públicamente.
“La materia prima agrícola y los alimentos, en los últimos diecinueve años, han sido manejados como instrumentos de dominación y proselitismo político de la clase gobernante”, dice el escrito.
En el caso del sector agroalimentario se destaca el caso de la empresa española Agroisleña, expropiada en 2010 y bautizada por Chávez como Agropatria y que hasta ese momento prestaba servicios a los productores agropecuarios a quienes vendía materia prima, equipos, fertilizantes y ofrecía asistencia técnica.
“Ocho años después de creada Agropatria, ente adscrito al Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras, muestra una marcada involución caracterizada por: convertirse en un monopolio de agroinsumos producto de la negación de divisas y la no cancelación de la deuda a las empresas de la misma rama”, dice el documento.
Asimismo, en el informe se indica que debido a la caída en sus funciones, la empresa ahora convertida en Agropatria ha “desabastecido” y “abandonado” los sectores agrícolas que tienen que ver con hortalizas, raíces tubérculos, frutales y medicina veterinaria, entre otros.
Además Agropatria, según el informe, “condiciona la venta de insumos (materiales) a la entrega de parte de la cosecha de los agricultores y sus asociaciones a sus silos”.
Los agricultores, dice el reporte, se quejan de la calidad de los productos que se venden en la empresa, ahora estatal, por “inefectivos”, entre otras críticas que incluyen precios “especulativos”.
Se subraya: “La estatal Agropatria impuso, desde el año 2017, la celebración de un contrato a través del cual los agricultores se comprometen a venderle el 30 % de su cosecha, como condición para venderles insumos”.
El informe también destaca la situación de la empresa estatal Agrofanb, creada en 2013 “con el objetivo de producir alimentos para los distintos componentes que conforman la Fuerzas Armadas”.
Los programas de Agrofanb, dice el reporte de la ONG, “compiten ventajosamente con las asociaciones de productores de arraigo y tradición en el sector, y funcionan en alianza con Agropatria, acaparando la semilla, el fertilizante, los agroquímicos y demás insumos que la mermada empresa estatal está en capacidad de ofrecer”.
Así, dice el informe, Agrofanb “escapa del rol para la cual fue creada y emerge como una de las empresas públicas con mayores beneficios (apoyos o subsidios) otorgados por el Estado”.
En el largo escrito también se incluyen detalles de supuestas desviaciones por corrupción en la “Empresa Socialista Pedro Camejo”, encargada de prestar servicio de maquinaria pesada como tractores, y en la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, C.A., (Cuspalca), adscrita al Ministerio de Alimentación.
EFE