El presidente de Perú, Martín Vizcarra, descartó este domingo que exista “persecución política en el Perú”, luego de dar a conocer que el expresidente Alan García, sobre quien pesa un impedimento de salida del país, solicitó asilo en la Embajada de Uruguay en Lima.
EFE
“No existe persecución política en el Perú, y todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia, sin excepciones”, expresó el mandatario a través de su cuenta de Twitter, donde solo unos segundos antes compartió el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú en el que daba cuenta de la solicitud realizada por García. Asimismo, señaló que reafirma el compromiso de su Gobierno con “el respeto irrestricto de la división de poderes, la Constitución y los tratados internacionales”.
García llegó el pasado jueves a Perú procedente de España, donde reside, para declarar ante la Fiscalía en el marco de la investigación abierta por los actos de corrupción vinculados a la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima por parte de la empresa brasileña Odebrecht, que se produjo bajo su segundo mandato (2006-2011).
A su llegada a Perú, sin embargo, la Fiscalía solicitó un impedimento de salida del país contra el exmandatario, al tiempo que amplió las investigaciones en su contra por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos, acciones que García calificó como “una persecución política”.
García informó entonces que se allanaba a la decisión que tomara la Justicia de su país, la cual confirmó el sábado que el expresidente no podría salir de Perú en 18 meses. Durante todo este proceso García denunció la intervención del Gobierno en su contra.
“Todo esto responde a una escalada en la cual se busca crear autos de fe, hogueras, para distraer al Perú de lo fundamental que es su situación de empleo, de anemia, precios y falta de crecimiento nacional”, aseveró el expresidente.
Sobre estas acusaciones, Vizcarra manifestó que decir que la Justicia está politizada no es exclusivo de García, y que ya lo había hecho antes el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) cuando fue encarcelado de manera preventiva y recientemente también la líder opositora Keiko Fujimori, quien cumple una similar medida por 36 meses por un presunto lavado de dinero en su campaña de 2011.
El fiscal Pérez solicitó el impedimento de salida después de conocer nuevos indicios de que García habría recibido supuestamente 100.000 dólares de Odebrecht por medio de la empresa del abogado José Américo Spinola. Según el fiscal, este pago realizado por una conferencia celebrada en Brasil, sería parte de los “actos de conversión, transferencia, tenencia y ocultamiento” en los que habría incurrido García.
Las sospechas sobre García tomaron peso desde que el ejecutivo de Odebrecht Carlos Nostre declarara ante fiscales que la compañía pagó 24 millones de dólares en sobornos por la Línea 1 del Metro de Lima, de los que 14 millones estaban dirigidos supuestamente a altos cargos de su Gobierno.
El objetivo de la petición de la fiscalía de impedir que García saliera de Perú es evitar que eluda el proceso, como ya hizo en 1992, cuando se exilió en Colombia y luego vivió en Francia, hasta que en 2001 se declaró que había prescrito una acusación por presunto enriquecimiento ilícito durante su primer mandato (1985-1990).