Por los actos de corrupción transnacional cometidos en Colombia y reconocidos por el grupo empresarial Odebrecht, la Vicepresidencia de Colombia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de ese país, solicitaron a la Superintendencia de Sociedades imponer a las compañías que integran ese grupo la inhabilidad para contratar por 20 años con el Estado colombiano.
A través de un comunicado, la Vicepresidencia de Colombia informó que la sociedad Odebrecht S.A. causó al Estado colombiano enormes perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, más el daño ético y moral, corrompiendo diferentes niveles de la administración pública.
El texto señala que Colombia cuenta con diferentes instrumentos jurídicos como la Ley 1778 de 2016 de soborno transnacional, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y la Convención Anticohecho de la OCDE, por lo cual la Vicepresidencia y la ANDJE solicitan a la Superintendencia a que adelante todas las actuaciones pertinentes para sancionar a las empresas que conforman el grupo empresarial Odebrecht.
La misiva además destaca que la lucha contra la corrupción es de “obligación constitucional, legal y ética”. De igual manera se considera que es uno de los peores atentados cometidos en contra de la moralidad de la Nación, el cual ha causado un grave detrimento en las finanzas públicas y ha sido el origen de graves daños a la ética pública.
La sociedad colombiana Constructora Norberto Odebrecht S.A. ha propuesto a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a otras entidades la celebración de un “Acuerdo de Reparación Integral”, mediante el cual la compañía responsable de graves actos de soborno y corrupción, ofrece una compensación económica por los perjuicios generados por los delitos cometidos contra la moralidad pública, a cambio de que el Estado retire todos los procesos legales y administrativos en su contra y le permita volver a contratar con el Estado.
Sin embargo, la Vicepresidencia de la República y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como otras entidades, rechazaron esta solicitud pues resulta “legal y moralmente inaceptable. No puede ni debe el Estado colombiano subsanar las graves faltas penales y éticas de un contratista con la simple compensación monetaria. Aceptar un acuerdo de compensación económica a cambio de subsanar el daño moral y material causado a la Nación con los actos de corrupción resultaría ser un incentivo perverso para que se continúen cometiendo este tipo de actos”, señala el comunicado.