El oficialismo dio tres meses de evaluación al programa del Jefe de Estado, y en este plazo la inflación continuó acelerándose y las actividades clave de la economía operan a medias, publica Crónica Uno.
El viernes 17 de agosto el presidente Nicolás Maduro devaluó, quitó cinco ceros a la moneda, elevó los impuestos y subió el salario mínimo asegurando que era parte de un plan de “recuperación” de la economía, acciones que analistas y empresarios indicaron que acentuarían la crisis. En 90 días los desequilibrios continuaron profundizándose.
Tras los anuncios del Jefe de Estado, el oficialismo dio un plazo de 90 días para la evaluación de las medidas. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, en varias alocuciones dijo que “son 90 días de evaluación, de ajustes, de recoger observaciones, recomendaciones, si algún precio se quedó desfasado se ajusta, si estuvo por arriba también hay que ajustarlo, si el sueldo se hace muy poquito también habrá que ajustarlo”.
Estos han sido los resultados:
Precios. El Gobierno reguló los precios de alimentos, artículos de higiene y servicios. Con la medida se incrementaron las fiscalizaciones a comercios, supermercados y farmacias en las que fueron detenidos cientos de gerentes. Tras las acciones, varios artículos desaparecieron de los anaqueles, debido a que los costos de producción se dispararon por la hiperinflación. Las plantas siguieron operando a medias. Por la baja oferta de bienes y el financiamiento monetario, los precios subieron con velocidad y desde agosto la variación intermensual de la inflación ha sido superior a 150 %, lo que ha seguido pulverizando el ingreso de los ciudadanos, a pesar de las revisiones.
Financiamiento monetario. Hace tres meses el presidente Nicolás Maduro dijo que el financiamiento del Banco Central de Venezuela (BCV) al sector público disminuiría y que se trabajaría para un “déficit fiscal 0”, lo que no sucedió. El financiamiento del BCV en tres meses aumentó 400 %, de acuerdo con los datos del instituto emisor. Ese crecimiento fue por el ajuste salarial, y la decisión de asumir la diferencia de sueldos de las empresas.
Salario. En agosto el Gobierno subió en 6000 % el salario mínimo para llevarlo a 1800 bolívares, pero ese sueldo apenas puede comprar 9 % de los bienes que adquiría hace tres meses, según estimaciones de Ecoanalítica. En paralelo, el Ejecutivo realizó cambios en las escalas salariales del sector público y la diferencia entre un salario mínimo y el máximo es solo de 1000 bolívares, situación que ha generado molestias entre los empleados públicos y en las últimas semanas han sido constantes las protestas exigiendo revisiones en las remuneraciones. Para el sector privado, el ajuste salarial ha puesto en mayor riesgo la actividad productiva.
Tipo de cambio y régimen cambiario. El Gobierno devaluó la paridad oficial en 96 % en agosto y la llevó a 60 bolívares por dólar con el fin de acercarla a la tasa del mercado paralelo. El tipo de cambio oficial se ha deslizado 14 % en tres meses, mientras que el dólar paralelo se ha devaluado en 67 %. La depreciación de la tasa no oficial no ha sido mayor por los adelantos de impuestos y el aumento del encaje legal, destacó el economista Alejandro Grisanti en su cuenta de Twitter. En el marco de los cambios, el Ejecutivo derogó la Ley contra los Ilícitos Cambiarios y creó un nuevo convenio cambiario que dice que hay “libre convertibilidad”, aunque mantiene el control: las asignaciones de divisas se continúan realizando por el Dicom. El sistema realiza subastas diarias, sin embargo, los montos asignados son insuficientes, de manera que aquellos que todavía intentan mantener sus operaciones en el país tienen que recurrir al mercado paralelo para importar insumos y equipos. De acuerdo con Ecoanalítica, al cierre del primer semestre de 2018, 90 % de las compras externas de los privados fueron vía paralelo.
Impuestos. El Gobierno en el marco de las medidas aumentó la tasa del Impuesto al Valor Agregado de 12 a 16 %, aplicó el tributo a las transacciones financieras para las personas jurídicas y ordenó a las empresas cancelar de manera anticipada el IVA y el ISLR (Impuesto sobre la Renta). Estos cambios han impactado en la actividad de empresas y comercios. Industriales señalan que esas revisiones han implicado una descapitalización debido a que se tienen que cancelar tributos sobre transacciones que no se han materializado, lo que ha golpeado más a la manufactura que trabaja a menos de un tercio de su capacidad.