Con el ex director del FMI Rodrigo Rato de nuevo como acusado, España inicia este lunes un proceso emblemático de la crisis económica: el de la presunta salida fraudulenta a Bolsa de Bankia, en el año 2011.
La entidad bancaria se vio entonces salvada de la quiebra gracias a una colosal ayuda pública. Ésta, a su vez, obligó a España a pedir a la UE un préstamo de 41.300 millones, a fin de evitar el hundimiento de todo su sector bancario. La ayuda europea llegó, eso sí, a cambio de más medidas de austeridad soportadas por los contribuyentes.
La Audiencia Nacional, un alto tribunal, juzgará entre otros a Rodrigo Rato, de 69 años, director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 2004 y 2007 y luego presidente de Bankia. Se le acusa de falsedad contable y estafa en perjuicio de los inversores.
Tras cinco años de instrucción, el proceso durará al menos siete meses. Están acusadas 35 personas y sociedades, entre ellas Bankia, su matriz BFA y la auditora Deloitte.
La fiscalía pide cinco años de prisión contra Rato, que desde hace un mes purga ya otra pena de cuatro años y medio, por desvío de fondos con tarjetas opacas en la época en que dirigió la entidad, de 2010 a 2012.
Rato, quien también fue vicepresidente del gobierno español de José María Aznar y su ministro de Economía, saldrá de su celda para acudir al tribunal el martes o el miércoles, una vez se hayan resuelto las cuestiones preliminares, precisó a AFP un portavoz de la Audiencia Nacional.
La fiscalía pide también penas de prisión contra otros tres ex directivos de Bankia, pero no ha solicitado ninguna condena contra los demás acusados.
“Delirios de grandeza”
Lejos queda ya la imagen de Rodrigo Rato sonriente, haciendo sonar la campana y brindando con champán el 20 de julio de 2011 para celebrar la salida a Bolsa. Una imagen que se ha avinagrado hasta convertirse en uno de los símbolos del desastre.
Por entonces, más de 300.000 pequeños accionistas habían suscrito participaciones, por un monto mínimo de 1.000 euros, atraídos por una vasta campaña publicitaria y los beneficios de que presumía Bankia.
Pero en 2012, después de un año calamitoso en el que el valor de las acciones se desplomó, el banco reconoció que el año de su salida a Bolsa había sufrido una pérdida de casi 3.000 millones de euros.
Ante este agujero en una entidad clave, el Estado español inyectó más de 22.000 millones de euros para salvarla, y poco después se vio obligado a pedir un plan europeo de rescate para toda su banca.
Los resultados presentados a los inversores en el momento de la introducción en Bolsa “se han revelado absolutamente falsos”, destacó el juez Fernando Andreu en el auto de apertura de juicio oral.
El momento en el que el banco reconoció sus problemas, según el juez, puso “fin a los sueños y delirios de grandeza de la entidad financiera”, nacida en diciembre de 2010 de la fusión de siete cajas de ahorro en dificultades.
“La salida a Bolsa de Bankia es una operación kamikaze”, asegura Ernesto Ekaizer, periodista y autor de un libro sobre el caso Bankia. Según él tuvieron una responsabilidad particular las autoridades reguladoras, y sobre todo el Banco de España, al que la justicia no reprocha nada.
Símbolo de los excesos
Bankia se convirtió en el símbolo de los excesos de la finanza, en una España hundida en la recesión tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, alimentada por unos bancos que concedieron créditos a diestro y siniestro.
Un primer proceso, el conocido como el de las “tarjetas black”, culminó con la condena de 63 ex directivos de Caja Madrid, el principal componente de Bankia, por cubrir 12 millones de euros de gastos personales con fondos del banco.
Por su lado, la entidad destaca que en 2016 restituyó unos 1.900 millones de euros a más de 220.000 pequeños accionistas.
“Entendemos que eso no solventa el gravísimo fraude cometido y que ha afectado por supuesto a miles de pequeños accionistas y también a la sociedad en su conjunto”, replicó a AFP Fernando Herrero, secretario general de la asociación de consumidores Adicae, parte civil en el proceso.
El Estado, que debe todavía privatizar el banco, del que posee un 61% del capital, ha reconocido en varias ocasiones que no podrá recuperar la mayoría de las ayudas concedidas.
AFP