La trama de corrupción destapada a raíz de la acusación hecha pública desde los Estados Unidos según la cual el conocido empresario Raúl Gorrín, propietario de Globovisión, sobornó a media clase política en Venezuela con los reales de los venezolanos, tiene implicaciones inimaginables.
Todos teníamos la presunción que el colaboracionismo opositor era financiado con las arcas del régimen y los reales de los venezolanos, pero ni idea de cómo ni con quien. Pero poco a poco se irá conociendo con mucho más detalle el tamaño de ese iceberg del que solo conocemos la punta porque chocamos con él. Mucho que conocer todavía. Solo 1000 millones de dólares –un billón americano- manejó el dúo Gorrín-Andrade. Imagínense si solo eso es una punta de miles que existen…
Por ahora solo deseo destacar dos aspectos que se han hecho públicos y que a mi juicio son extremadamente importantes, mas allá de conocer quiénes son los opositores que han disfrutado a costillas del hambre y la muerte de sus compatriotas.
El primero de ellos lo destaca en su cuenta de Twitter el Embajador Diego Arria desde su exilio: “Los activos robados a Venezuela por Gorrin-Andrade y otros son nuestros y no debe permitirse q USA se quede con ellos. AN debe activarse con Ley Rescate” (verhttps://twitter.com/Diego_
Como bien informa el Embajador Arria, una Corte Federal en el Estado de La Florida en los Estados Unidos, ha instruido al Departamento del Tesoro norteamericano para que los bienes incautados a los implicados en este gravísimo caso de corrupción sean liquidados (ver entrevista de NTN24 a Diego Arria, en https://youtu.be/ClAa5TbWSyg)
Tiene razón el Embajador Arria al prender las alarmas porque como bien dice, el origen de estos bienes son activos del patrimonio de los venezolanos, que fueron apropiados indebidamente por estos delincuentes, por lo que deberán regresar al Tesoro público de Venezuela una vez que sea recuperada la democracia en nuestro país. Esta medida que se tome de liquidación de bienes por parte del Departamento del Tesoro norteamericano deberá ser solo para mantener esos fondos en custodia hasta su debida repatriación; y estos a su vez deberán ser dispuestos por un gobierno legítimo.
Pero varias preguntas me nacen al oír ese planteamiento. Por un lado es cierto que deberemos movernos con urgencia en los Tribunales norteamericanos, cosa que Arria menciona en su entrevista, pero ¿quién debe hacerlo? ¿Los Diputados de la Asamblea Nacional, quienes desde Diciembre de 2017 están en eso de una “Ley de Recuperación de Activos producto de la Corrupción” que va a tener casi un año entre discusiones y consultas pero que aun no sale? ¿Y porque aún no sale?
Efectivamente el 14 de Diciembre de 2017 los venezolanos nos enteramos que la Asamblea Nacional aprueba un Proyecto de ley con un nombre muy sugestivo, “Ley de Recuperación de Activos producto de la Corrupción” (ver noticia del Carabobeño, en https://www.el-carabobeno.com/
El 20 de Abril de 2018, el Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, el Diputado Freddy Superlano, informa públicamente que su Comisión presentará a la opinión pública venezolana y al Cuerpo Diplomático el Proyecto de Ley de Recuperación de Activos producto de la Corrupción, el siguiente 23 de Abril de 2018 (ver noticia de la AN en http://www.asambleanacional.
Más de 5 meses después, el 11 de Octubre de 2018, el Diputado Superlano informa que el Proyecto de Ley de Recuperación de Activos producto de la Corrupción entraría “en segunda discusión en dos semanas ante el Parlamento nacional, herramienta que tiene como propósito promover que los recursos que se mantienen en el extranjero, por actos de corrupción, retornen al país y se inviertan en beneficio de la población” (ver noticia en La Patilla, en https://www.lapatilla.com/
A un mes de cumplirse el año de oírse hablar por primera vez de esa Ley, el 14 de Noviembre de 2018, el Diputado Superlano informó que“entre el 27 de noviembre y el 04 de diciembre del presente año, son las fechas tentativas para la segunda discusión del Proyecto de Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción ante el Parlamento nacional” (ver Prensa AN enhttp://www.asambleanacional.
Y ustedes dirán ¿qué juego es este? ¿Por qué un instrumento que ha demostrado con los hechos que estamos viendo, ser tan necesario ante el desborde de la corrupción del régimen aun no ha sido aprobado y menos aun dado a conocer públicamente? Porque es de hacer notar que el texto de ese Proyecto no ha sido publicado en el sitio oficial de la Asamblea Nacional ni en ningún otro sitio. Lo conocemos solo por el nombre y las declaraciones de los Diputados.
El caso Gorrín-Andrade nos agarra sin un instrumento legal para hacer frente a la recuperación de 1000 MILLONES DE DOLARES –que se dicen rápido- en los Estados Unidos, con un Departamento del Tesoro norteamericano a punto de liquidar lo que es patrimonio de los venezolanos. Lo que nos hace preguntarnos, ¿será que parte del saco de dinero incautado a Gorrín era precisamente para detener esa aprobación que desde hace más de un año tiene la Asamblea Nacional en sus gavetas? Que conveniente…
Lo que me lleva a destacar el segundo aspecto mencionado arriba que sucede a este drama de la Ley de marras, y que es tan o más importante que el primero. ¿Están los Diputados de la Asamblea Nacional, que han retrasado este asunto tan importante, y son a su vez los llamados constitucionalmente para acordar la designación de un Gobierno de Transición como consecuencia del Vacío de Poder institucional provocado por la sentencia de Nicolás Maduro Moros el 29 de Octubre, ética y moralmente en posición de hacer esa designación? ¿Le conviene a los venezolanos que todos esos Diputados, colocados en tela de juicio –justos y pecadores- por el escándalo Gorrin-Andrade, nombren un nuevo Gobierno que nos responda a nosotros y no a los intereses de quienes estarían pagando por una decisión a su favor?
Esto es tan grave que si se tratara de una empresa habría que cerrarla hasta realizar una auditoría que determine quién es y quien no es ladrón. Si antes pensaba que no era políticamente conveniente que la Asamblea Nacional designara un Gobierno de Transición, ahora estoy seguro que no está en condiciones de nombrar un nuevo Gobierno que cuide los intereses de los venezolanos. Todo el Parlamento está bajo sospecha grave.
Lo de arriba nos deja con el último resquicio de institucionalidad, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio. Les queda a estos Magistrados asumir de inmediato la grave responsabilidad para con los venezolanos para la designación de un Gobierno de Emergencia Nacional, que integre personalidades de indudable reputación ante la opinión pública nacional e internacional, con una hoja de servicios intachable a favor de la República, para que inmediatamente se aboquen a los trámites legales en los Estados Unidos para la recuperación de los activos del caso Gorrin-Andrade y el rescate de la libertad de Venezuela. ¡Menuda tarea! Si la corrupción no se detiene, nosotros tampoco podemos…
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