La sentencia de la Sala Electoral del TSJ con la cual intenta imponer a Jéssica Bello, candidata perdedora, como presidente de la FCU de la Universidad de Carabobo, forma parte de la estrategia adoptada por el régimen hace rato: utilizar las elecciones para destruir la democracia y desalentar a los ciudadanos con relación a la importancia de los comicios como escenario de lucha y del voto en cuanto instrumento de combate.
A pocos días de concretarse los comicios municipales, a menos de dos meses del fatídico 10 de enero y en medio de un ambiente donde aumenta la presión internacional con el fin de obligar al gobierno a buscar una salida negociada a la crisis nacional, que debería pasar por unas nuevas elecciones del Presidente de la República, Maduro les ordenó a los magistrados de esa Sala desconocer la elección de Marlon Díaz como legítimo presidente de la FCU. Se trata, obviamente, de una violación de la autonomía del movimiento estudiantil, sector independiente de la sociedad civil, y de la autonomía universitaria; y, además, una maniobra dirigida a estimular la división entre los opositores, algunos de los cuales reflotarán el bizantino debate de si tiene algún sentido participar en las citas electorales convocadas por el régimen.
La consulta en la UC se produjo después de once años de haber sido suspendidas por la misma Sala Electoral. Ya aparecieron las voces que denuncian a los “ingenuos” que creen en la importancia de acudir el próximo 9 de diciembre a los centros de votación para elegir los miembros de los concejos municipales. Los más radicales acusan a los promotores de esta opción de “colaboracionistas” o de farsantes.
Maduro disfruta con esas tremenduras. Radicaliza las posiciones, distrae la atención de los problemas centrales del país y atomiza a la oposición. El país continúa su marcha indetenible hacia el abismo, sin que el responsable fundamental de la tragedia pague en ningún terreno los costos de su indolencia.
La actuación de la sala Electoral hay que entenderla como lo que es: una provocación en el más estricto sentido de la palabra. Se provoca a los estudiantes y a las autoridades rectorales, a quienes se les pretende imponer en el Consejo Universitario a una estudiante que recibió una felpa en las votaciones (el estudiante que preside la FCU de una universidad autónoma tiene el derecho de asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones del CU, máximo organismo del cogobierno universitario).
El movimiento estudiantil tendrá que decidir cuáles acciones emprenderá para impedir que el fraude se concrete y los usurpadores impongan su voluntad desde el poder central, controlado de forma abusiva por Maduro. Los estudiantes cuentan con una inmensa simpatía en el país. Junto a la Iglesia Católica y las universidades, forman parte de ese pequeño grupo de sectores e instituciones que disfrutan del afecto y respeto de la opinión pública. Tendrán que valerse de ese prestigio para frenar la vocación servil del TSJ, uno de los órganos peor evaluados de la nación. Esas acciones de resistencia hay que emprenderlas porque Carabobo representa un globo de ensayo. Si se impone el capricho del régimen en la UC, luego podría convocar procesos electorales en las otras universidades nacionales y actuar del mismo modo o, aún peor: no le haría falta apelar al fraude o a la imposición judicial, porque esas consultas se realizarían dentro de un clima marcado por la abstención. El gobierno ganaría con facilitad. Tomaría los centros de representación estudiantil sin violencia e, incluso, con la complicidad de los abstencionistas. En Carabobo está jugándose el futuro inmediato de la resistencia universitaria.
Con relación al significado del voto, no conviene realizar proyecciones lineales a partir de la decisión de la Sala Electoral. La dictadura está aprovechando un momento de fragmentación, debilidad y confusión enormes del sector opositor, con la finalidad de destruir la confianza en las elecciones y en el sufragio popular. De ese modo taimado operan los regímenes autoritarios obligados por la nueva legalidad internacional a convocar periódicamente consultas comiciales. Con ellas tratan de darles un brochazo de legalidad a sus modelos.
A los demócratas nos corresponde aprovechar cada uno de esos escenarios para denunciar la ineptitud, el abuso, la corrupción y el fracaso generalizado de la gestión del gobierno. En medio de ese teatro de lucha hay que exigir condiciones electorales más equitativas y transparentes. La conquista de esos equilibrios no precede a las elecciones. Generalmente, son el resultado de confrontaciones tensas que se dan también en el campo de batalla electoral.
Las elecciones del 9 de diciembre no cambiarán el panorama nacional, pero le permitirán al alcalde de su preferencia desempeñarse con un concejo municipal que lo respalde. Así es que, anímese y vaya a votar si le parece que debe hacerlo.