La policía brasileña detuvo este jueves de forma preventiva a once personas bajo sospecha de participar en un esquema de sobrefacturación en la distribución de alimentos al sistema penitenciario del estado norteño de Roraima.
AFP
La Policía Federal lanzó este jueves, con el apoyo del Ministerio Público de Roraima, “la Operación Oscuridad con el objetivo de desarticular la organización criminal involucrada en el desvío de recursos públicos del sistema penitenciario” de ese estado, “con facturación próxima a los 70 millones de reales (USD 19 millones al cambio actual) entre 2015 y 2018”, informó la institución.
Entre los detenidos figuran Guilherme Campos, hijo de Suely Campos, gobernadora de Roraima, y dos exsecretarios de Justicia y Ciudadanía de ese estado. Los agentes policiales también ejecutaron 20 mandatos de búsqueda y aprensión en varias direcciones incluyendo la residencia de la mandataria regional.
Según las investigaciones, la empresa Qualigourmet -constituida apenas una semana antes de iniciar la distribución de alimentos a los presidios en 2015- inflaba el presupuesto, aumentaba de forma artificial el número de porciones distribuidas y entregaba comida de baja calidad.
“Los responsables por la empresa, que está a nombre de testaferros, realizaron retiros de aproximadamente 30% del valor de los contratos, en especie, para pagar sobornos y para enriquecimiento ilícito de los verdaderos propietarios del negocio”, informó la policía en un comunicado.
El esquema contaba con la participación de funcionarios públicos, empresarios y políticos, precisó la policía.
El abogado de Qualigourmet, Joaquim Neto, informó a la AFP que emitirán un pronunciamiento próximamente. La gobernación aún no se ha pronunciado.
Esta semana, la Pastoral Carcelaria de Brasil reveló denuncias recibidas de graves violaciones de derechos humanos en la penitenciaria de Monte Cristo, en Roraima. Entre las denuncias constaba que los presos no recibían alimentos desde hacía tres semanas.
El Departamento Penitenciario Nacional confirmó a la AFP que la alimentación estaba a cargo de los familiares de los presos hasta el 23 de noviembre cuando fue restablecido el suministro. Tres días después, el órgano federal asumió la administración de esta cárcel que en 2017 fue escenario de una masacre que dejó 33 muertos.
Qualigourmet, que suministra alimentos a seis de las siete unidades penitenciarias del estado, suspendió la entrega de comida tres veces este año alegando falta de pago por parte de la gobernación.
El jueves, un departamento del Ministerio de Derechos Humanos emitió un informe reseñando pésimas condiciones y grave violencia física y psicológica en los presidios del norte del país, donde se registraron masacres con decenas de muertos en los últimos años.
Brasil tiene la tercera mayor población carcelaria del mundo, con 726.712 reclusos, según los últimos datos oficiales, divulgados en 2016. La cifra casi duplica la capacidad penitenciaria del país, calculada ese año en 368.049 plazas.