El pasado 29 de octubre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio publicó la sentencia definitiva que condena a Nicolás Maduro a cumplir una pena de 18 años y 3 meses de prisión por el delito de corrupción.
En agosto, los magistrados que conforman el Poder Judicial en el exilio, concluyeron en Colombia la última audiencia del juicio en contra de Maduro.
Después de deliberar una hora en el Congreso de Colombia, tras escuchar la intervención de la Fiscal General de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz quién presentó pruebas que inculpan a Maduro por cometer los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales en el sonado caso Odebrech, los jueces de la audiencia determinaron que sí hay elementos suficientes que demuestran los delitos mencionados.
Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias? Según expertos profesionales del derecho en materia internacional, la decisión emitida por un grupo de magistrados del TSJ en el exilio es un hito importante ya que revela hechos gravísimos de corrupción en Venezuela vinculando directamente a las más altas autoridades del Gobierno. Sin embargo, ven difícil que Interpol emita la alerta contra Maduro ya que, al estar presidiendo un gobierno, en principio cuenta con inmunidad diplomática y por ende Interpol solo emitiría esa alerta roja en caso de que la solicitud venga de un tribunal internacional como la Corte Penal Internacional.
Otro experto en la materia explicó que para esta orden de captura se produzca, Interpol tendría que reconocer al TSJ en el exilio como legítimo, lo que implicaría desconocer al Poder Judicial que encabeza Maikel Moreno en Venezuela. El 19 de noviembre el TSJ en el exilio exhortó a la Interpol una emisión de alerta rojo en contra de Nicolás Maduro. En comunicación dirigida al presidente de esta organización indica que después de cumplir con los procedimientos contenidos en la legislación venezolana, se impuso al presidente NM una pena de 18 años y 3 meses de cárcel.
Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), se pronunció en esa fecha respaldando la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio (TSJ) de solicitar la publicación de alerta roja y captura de Nicolás Maduro.
Para que todos estemos debidamente informados sobre los alcances de esta sentencia definitiva identificada con Exp. Sp2018-001, juristas de larga trayectoria en el país se darán cita en el Colegio de Abogados de Caracas el próximo martes 4 de diciembre, 9,30 AM en el Foro “Impacto de la sentencia…”, organizado por la Confederación de Profesionales de Venezuela (CONFEPUV) y Federación Venezolana de Abogadas (FEVA). Los ponentes son los Magistrados Cecilia Sosa y Perkins Rocha y Gral. División (EJ) Víctor Higuera Castellanos y Gral. División (GN) Dr. Enrique Prieto Silva, quienes con sus diferentes puntos de vista desmenuzarán el contenido de la sentencia para despejar dudas sobre ella.