El caso de los sobornos por 1.000 millones de dólares que develó el ex Tesorero Alejandro Andrade, involucra a otros funcionarios y empresarios venezolanos, entre ellos, Gabriel Jiménez Aray. Sus asesorías a entes del Estado lo impulsaron a ejercer en el exterior como banquero, aunque por razones inobles, publica TalCual.
Por Ahiana Figueroa | @ahianaf
El abogado venezolano Gabriel Arturo Jiménez Aray tuvo poca experiencia en la banca nacional ya que solo ocupó un cargo en la directiva del ya desparecido Banco Hipotecario de Occidente. Esto hizo que su incursión en el sistema financiero de República Dominicana en mayo de 2012 causara sorpresa entre los banqueros venezolanos.
Pero en lo que sí tenía Jiménez Aray experiencia era en ser asesor jurídico de varias instituciones del gobierno chavista, comenzando por la Presidencia de la República, la Casa Militar, el Centro Simón Bolívar, el Gobierno de Caracas y el Ministerio de Economía y Finanzas, según revela el portal Poderopedia.
Su relación con el gobierno venezolano ha sido tan estrecha que a su hijo, Gabriel Jiménez, lo señalan de ser el asesor y creador de la moneda digital petro, con la cual el chavismo-madurismo pretende conseguir la soberanía financiera del país y abandonar “el dominio” del dólar.
Jiménez Aray es acusado por la Fiscalía de Estados Unidos de integrar una red de sobornos junto a otros ex funcionarios y empresarios venezolanos, entre los que se encuentran el ex Tesorero Nacional Alejandro Andrade, el dueño de Globovisión Raúl Gorrín y el banquero alemán Matthias Krull.
Una corte del Distrito Sur de La Florida en EEUU ordenó el pasado 19 de noviembre hacer público el expediente CASE NO. 18-cr-80054-ROSENBERG a petición de la Fiscalía norteamericana, en donde se acusa al abogado y banquero venezolano. Tras las revelaciones de Andrade de haber recibido sobornos por 1.000 millones de dólares, se conoció que el Banco Peravia ubicado en República Dominicana sirvió para actividades de lavado de dinero.
Tanto Andrade como Jiménez Aray y Krull se declararon culpables y se encuentran a la espera de sus condenas.
De acuerdo a lo anunciado por la autoridades norteamericanas, Gorrín de 50 años fue acusado el 16 de agosto de 2018 en el Distrito Sur de Florida por cargos de conspiración por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y por nueve cargos de lavado de dinero. El caso se asignó al juez de Distrito Sur de Florida de los Estados Unidos, William P. Dimitrouleas. Por su parte, Andrade de 54 años, residenciado en Wellington, Florida, se declaró culpable bajo sello el 22 de diciembre de 2017 ante el juez de Distrito Sur de Florida, Robin L. Rosenberg.
Jiménez Aray de 50 años vivía en Chicago, Illinois (EEUU) luego de haberse fugado de República Dominicana. En su caso en territorio norteamericano también se declaró culpable bajo sello el 20 de marzo de 2018 ante el juez Rosenberg a un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
La acusación formal alega que Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel, incluido Andrade, para garantizar los derechos a realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables para el gobierno de Venezuela. Además de transferir dinero para los funcionarios, al parecer Gorrín compró y pagó gastos relacionados con jets privados, yates, casas y apartamentos, caballos campeones de carrera, costosos relojes de marca y una línea de moda.
Para ocultar y lavar los sobornos pagados a los funcionarios venezolanos, Gorrín realizó pagos a través de múltiples compañías ficticias y se asoció con Jiménez Aray para adquirir el Banco Peravia en República Dominicana, generándole a su vez ganancias con dicho plan.
Como parte de su declaración de culpabilidad, Jiménez Aray admitió que conspiró con Gorrín y otros implicados para adquirir la entidad bancaria en suelo dominicano, a través de los cuales ayudó a lavar los fondos provenientes del soborno. Su sentencia está programada para el 29 de noviembre.
Fraude en República Dominicana
Las operaciones del Banco Peravia fueron detectadas como irregulares por las autoridades financieras dominicanas. Las distintas formas utilizadas para desviar los recursos obtenidos de sus clientes, muchos de ellos venezolanos que entregaron sus dólares a cambio de un certificado de ahorro que nunca se les otorgó, fue a través de suplantación de identidades, falsificaciones de documentos, otorgamiento de préstamos fraudulentos para pagar a proveedores y acreedores, pero también se sustrajeron fondos mediante créditos ficticios para los que los directivos utilizaron los datos de sus clientes y también autorizaron préstamos a terceros que luego eran desviados hacia las cuentas de los directivos o ejecutivos del propio banco.
Igualmente hubo préstamos a narcotraficantes que cumplían condenas en cárceles estadounidenses y hasta desvíos de transferencias bancarias, una que incluso afectó al Banco Central de Venezuela (BCV) por un pago de 3,59 millones de dólares para la compra de unas camionetas blindadas.
En el reporte de la Comisión de Disolución que la superintendencia dominicana preparó y que fue dado a conocer por el portal venezolano Contrapunto, se demuestra que 80% de las operaciones del Banco Peravia eran simuladas y que la “instrumentación de fraudes de créditos fue implementada desde el año 2005 por parte de los directivos de entonces, y que continuó a partir del año 2012 tras la venta y traspaso a los nuevos accionistas”, es decir a José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray.
Jiménez Aray ingresó al Ministerio de Finanzas de la mano de Rafael Isea, quien en 2008 estuvo brevemente al mando de ese despacho antes de ganar la gobernación del estado Aragua como candidato del PSUV. Muchos recordaran que tiempo después el ex mandatario regional decidió negociar con la DEA (Drug Enforcement Administration) para convertirse en testigo protegido. Hasta ahora se desconocen los aportes ofrecidos por Isea a la justicia norteamericana, pero desde entonces las autoridades han adelantado varios casos de lavado de dinero y de legitimación de capitales de funcionarios y empresarios venezolanos, especialmente de recursos provenientes de Pdvsa.
De vuelta al caso del Banco Peravia, los directivos de esta entidad entre ellos Jiménez Aray, fueron acusados también de abuso de confianza, fraude bancario, blanqueo de capitales, de tener relaciones con el narcotráfico y de tener en su junta directiva a un estafador de arte.
Las victimas, sus clientes, que demandaron a la institución financiera acusaron a los directivos de apropiación indebida de recursos, puesto que al ser una institución de ahorro y préstamo, no estaba autorizado para captar divisas extranjeras.
Según informaciones publicadas por varios medios, Jiménez Aray abandonó República Dominica en noviembre de 2014, para aterrizar posteriormente en Atlanta, EEUU.