El expresidente peruano Alan García, que ha pedido asilo a Uruguay, es investigado por la fiscalía por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible por la concesión del terminal norte multipropósito del puerto del Callao, según informó este sábado el diario El Comercio.
EFE
De acuerdo al periódico, la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima abrió una investigación preliminar contra García, el exministro de Transportes Enrique Cornejo y una veintena de personas más.
La investigación señala al exmandatario (1985-1990, 2006-2011) y al resto de imputados por supuestamente facilitar a la empresa internacional APM Terminals la concesión del Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao.
Presuntamente, García y los investigados habrían “emitido instrumentos de gestión, dentro de los cuales se encontraban los decretos de urgencia para viabilizar la concesión (…) y con ello favorecer a la empresa APM Terminals Callao”.
Aquellos decretos fueron promulgados durante el segundo gobierno de García, aduciendo ser de necesidad nacional una serie de proyectos de inversión, pero posteriormente declarados inconstitucionales.
El diario recordó que el 1 de abril del 2011 se otorgó la buena pro del concurso por 1.900 millones de dólares y que el contrato otorgó una serie de beneficios como la exoneración del pago de 50 % de la recuperación adelantada del Impuesto General a las Ventas y las reducciones de los aportes a la Empresa Nacional de Puertos y a la Autoridad Portuaria Nacional.
Esos cambios generaron un perjuicio al Estado peruano por más de 246 millones de dólares, indicó El Comercio. APM Terminals informó que no ha sido notificada sobre la investigación, pero que colaborará con las pesquisas, mientras que el abogado de García, Erasmo Reyna, declaró que la denuncia desconoce “en absoluto” que hay principios de delegación de funciones y competencias en la administración pública.
El expresidente García y su exministro Cornejo son investigados también por los presuntos sobornos entregados por la constructora Odebrecht, durante su segundo gobierno, para ganar la concesión de la Línea 1 del Metro de Lima.
El líder del partido Aprista permanece en la casa del embajador uruguayo en Lima a la espera de que ese gobierno responda a su pedido de asilo, el cual solicitó con el argumento de ser un perseguido político del actual gobierno peruano.