Si algo está quedando claro, en estos tiempos de mengua de la venezolanidad, es la falsa ética de la izquierda militarista venezolana. La magnitud, descaro y complicidad del robo más cuantioso de la historia del hemisferio occidental, realizado desde el poder de un estado, está sacudiendo nuestra conciencia de nación, y está poniendo a prueba el sistema de justicia de varios países del mundo.
El asalto a las finanzas públicas fue un acto deliberado, planificado y montado por Hugo Chávez, para controlar y extorsionar tanto a su entorno, como a la camarilla militar que le servía de soporte a su proyecto de poder total.
Con el cuento de la unión “cívico-militar”, sacó a los militares de sus funciones específicas de seguridad y defensa de la nación, para convertirlos en administradores y ejecutores de un plan de obras, con las cuales se inició la danza de los millones en cuarteles y guarniciones. Eran los días iniciales de “la revolución bolivariana”, cuando Chávez monta el “Plan Bolívar 2.000”. Plan de obras para que un sector de oficiales de alta y mediana graduación, manejaran al margen de la ley, y sin control de nadie, cuantiosas sumas de dinero, en obras. Muchas de ellas no se hicieron, o se ejecutaron de forma incompleta, o se hicieron de mala calidad.
Recientemente en un Centro Comercial de Caracas, un oficial retirado de la Fuerza Armada, cuya carrera transcurrió básicamente en el área de inteligencia, me comentaba la magnitud de aquella estafa. Su organismo (la inteligencia militar), por su conducto, presentó al mismo presidente Chávez, un informe detallado de los robos perpetrados por importantes jefes militares en la ejecución de ese plan. El informe ofrecía detalles de obras ficticias, sobreprecios, súbitos enriquecimientos, y tramas de corrupción con el famoso Plan Bolívar 2000. Chávez usó el informe para chantajear a aquellos oficiales. Todos, luego, ascendieron a los más altos grados. Aquel oficial entró en desgracia, por haber informado sobre los resultados de su investigación.
Aquel Plan Bolívar 2000 es la señal de partida de la gran estafa nacional. Y lo grave es que tanto Chávez, como todos los “inmaculados” líderes de la revolución estaban al tanto de aquel inicio. Ni José Vicente Rangel, Ni Isaías Rodríguez, ni Jorge Giordani, ni Closdovaldo Rusian, ni Eleazar Díaz Rangel, ni ninguno de los prohombres del “socialismo del siglo XXI” reclamaron el silencio y la inacción de Chávez con aquel desfalco. Ningún parlamentario del MVR de entonces, o del PSUV después, promovieron investigación alguna; por el contrario obstruyeron y negaron toda investigación o interpelación, en el seno de la novel Asamblea Nacional.
Todos los discursos y escritos sobre una supuesta “ética socialista”, se convirtieron en letra muerta. A todos estos personajes solo les interesaba mantener su conexión con el poder, su amistad con el “comandante”. Para nada, decir una palabra, sobre aquel comienzo del cáncer, que ahora ha hecho metástasis total, ante los atónitos ojos de nuestra sociedad.
No cabe duda, el principal responsable de este monumental desfalco a las finanzas de la nación, fue Hugo Chávez Frías. El estimuló, toleró, encubrió, calló esos robos. Él sabía que sus colaboradores estaban saqueando el tesoro de la nación, y miró a otro lado.
El tema de la corrupción ha estado, está, y estará presente en la vida pública y privada de toda sociedad. En la nuestra, con mayor fuerza. Lo grave es cuando la autoridad lo hace, o cuando en conocimiento de su existencia, no toma las medidas necesarias para sancionar y corregir el delito.
A esta fecha, el vicio de el Plan Bolívar 2000, se extendió a toda la administración del estado. No hay empresa pública, ni dependencia oficial, donde no hayan arrasado con el patrimonio público.
PDVSA, las empresas de Guayana, bancos, empresas del estado, y sobre todo el fisco nacional que recibió la más cuantiosa suma de millones de dólares de toda nuestra historia económica, fueron saqueados, aprovechando el control de cambio, y el discurso populista de “las misiones”. Detrás de cada misión hay un robo multimillonario, y un grupete de personajes, cuyas abultadas cuentas y bienes en Europa y Estados Unidos han venido saliendo a la luz pública, en estos últimos tiempos.
La impunidad fue tal, que toda esa cúpula de gobierno, perdió todo freno y control, y de manera abierta se dedicaron al pillaje.
Ese es el marco en el que comienzan las actuaciones, de personajes como el Teniente Alejandro Andrade, el Capitán Aguilera, y toda la ya larga lista de militares y funcionarios civiles a los que les han confiscado o congelado bienes y cuentas en el exterior, que en alianza con supuestos “empresarios”, como el famoso Sr. Gorrin, o Diego Salazar, han marcado un hito en el desfalco de una nación.
Lo que no pensaron los “héroes del 4F”, los camaradas, y toda la legión de boli chicos, es que podían ser sometidos a juicio por los tribunales del mundo democrático. Conscientes del total control, que sobre todos los poderes había establecido el difunto presidente Chávez, les garantizaban su impunidad; salieron en cambote a los paraísos fiscales, a Europa y Estados Unidos, a vivir su vida de magnates, mientras aquí, todos los ciudadanos padecemos la tragedia de la miseria.
El sometimiento a la justicia norteamericana del emblemático teniente Alejandro Andrade, su condena a 10 años de prisión, ha dejado al descubierto, una vez más, la cómplice indiferencia de la cúpula roja, que controla la fiscalía, la contraloría, y los tribunales. Una tímida declaración del fiscal espurio, Tarek William Saab, apenas atina a ofrecer una ligera declaración, para comunicar que solicitará la extradición del “famoso” ex tesorero de la nación.
Para nada anuncia una investigación a fondo, para sancionar toda la trama interna de complicidades, que este sonado caso, ha tenido.
Para nada se refiere a los operadores financieros de ese vulgar robo. A los beneficiarios del mismo. Nada que toque a los que aún se mantienen leales a “la revolución”.
Tarek solo ha tocado, a los que se han manifestado críticamente frente a Maduro y su entorno. Cuando lo hacen, entonces si se actúa. Así ocurrió con el todo poderoso ex ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, cuya trama, fue ligeramente tocada, por haberse atrevido a disentir.
Los que se mantienen “fieles al proceso” no son investigados, ni mucho menos enjuiciados.
No obstante, eso no les garantiza, una impunidad al Infinitum. Las investigaciones en los países donde han ido a llevar lo aquí desfalcado, van a ir permitiendo, conocer más en detalle, a los otros “Andrade”, que pulularon como bacterias, en el seno de la revolución bolivariana.
Los venezolanos rescataremos nuestra democracia. Entonces una nueva justicia, ética y profesionalmente solvente, tendrá que investigar y procesar toda esta gran estafa. Las sanciones recibidas en el extranjero, no liberará a estos personajes de sus responsabilidades ante nuestro país.
Más allá de la forma, como finalmente termine, esta etapa de la barbarie roja en el poder, Venezuela va a requerir de justicia. No de una revancha, ni de una cacería de brujas. Pero si, de una justicia que sancione, ejemplarmente, este monumental desfalco efectuado contra nuestra patria.