Desear que un problema desaparezca, rara vez es una estrategia efectiva. Mientras la comunidad internacional ha estado enfocando su atención en otros asuntos, la catástrofe venezolana se ha profundizado. Y de continuar las tendencias actuales, ella solo puede empeorar.
Con un día de trabajo al salario medio, ahora se compran 1,7 huevos o un kilo de yuca, la caloría más barata disponible. Un kilo de queso local cuesta 18 días de trabajo al salario medio, y un kilo de carne cuesta casi un mes, dependiendo del corte. Los precios se han estado elevando a tasas hiperinflacionarias durante 13 meses seguidos y la inflación va camino a exceder la marca de 1.000.000% este mes. La producción continúa cayendo como una piedra: según la OPEP, en octubre de 2018 había bajado el 37% en relación al año anterior, o casi 700.000 barriles diarios.
De acuerdo a Alianza Salud, una coalición de ONG, los nuevos casos de malaria en 2018 se han multiplicado por 12 desde 2012, lo que se traduce en un total de más de 600.000, que es el 54% de todos los casos en Las Américas. Amplias extensiones de territorio venezolano han sido cedidas a organizaciones delictivas, entre ellas grupos terroristas como las FARC y el ELN de Colombia, que actúan en colusión con miembros de la Guardia Nacional en la producción de oro y coltan, como también en el narcotráfico.
Como consecuencia, los venezolanos han estado saliendo de su país de manera masiva, creando una crisis de refugiados de proporciones semejantes a la siria, y que es la más grande de la historia de Las Américas. Dado que Facebook informa que tiene 3,3 millones de usuarios venezolanos en el exterior, mi equipo de investigadores en el Center for International Development de la Universidad de Harvard estima que debe haber por lo menos 5,5 millones en total. Entre quienes tuiteaban solo desde Venezuela en 2017, para noviembre, más del 10% había dejado el país. Pese a sus valerosos esfuerzos, Colombia, Ecuador y Perú encaran cada vez mayores dificultades para hacer frente al flujo de refugiados.
Es más que evidente que los problemas de Venezuela no se resolverán a menos que y hasta que haya un cambio de régimen. Después de todo, tanto el régimen como el colapso económico son consecuencia de la eliminación de los derechos básicos. Los venezolanos no pueden invertir y producir para satisfacer sus necesidades debido a que se les han arrebatado sus derechos económicos; y tampoco pueden cambiar políticas desatinadas porque también se les han arrebatado sus derechos políticos. Un giro requiere el reempoderamiento de los venezolanos.
Afortunadamente, se vislumbra un fin a esta pesadilla, pero ello exigirá coordinación entre las fuerzas democráticas venezolanas y la comunidad internacional. El 10 de enero marca el fin del periodo del presidente Nicolás Maduro, el que comenzó con su elección en 2013. Su elección a un segundo periodo en mayo de este año fue una farsa: no se permitió que participaran los principales partidos de oposición y sus candidatos, y Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón y los países más importantes de América Latina, entre muchos otros, se negaron a reconocer el resultado de dicha elección. Esto significa que no reconocen la legitimidad de la presidencia de Maduro más allá del 10 de enero.
La solución lógica es que la Asamblea Nacional, elegida en diciembre de 2015 con una mayoría de dos tercios de la oposición, resuelva el impasse constitucional designando a un nuevo gobierno interino y a un nuevo alto mando militar, capaces de organizar el retorno a la democracia y de poner fin a la crisis. Sin embargo, los diputados están actuando con cautela en relación a esto, puesto que, en el mejor de los casos, temen ser ignorados o, en el peor, ser encarcelados, exiliados o torturados a muerte y luego arrojados por la ventana de un décimo piso, como le ocurrió en octubre a Fernando Albán, concejal de la ciudad de Caracas. A menos que las fuerzas armadas respeten las decisiones de la Asamblea Nacional, será muy difícil hacerlas cumplir.
Es por ello que esta solución requiere de la coordinación entre la comunidad internacional y las fuerzas democráticas venezolanas. Estas no saben con certeza cuánto apoyo internacional van a recibir, y la comunidad internacional tampoco sabe con certeza cuáles son los planes ni el nivel de cohesión que tienen dichas fuerzas.
Como es el caso con todos los problema de coordinación, hay buenos y malos resultados que se autocumplen. Por ahora, dado que la comunidad internacional no ha dejado en claro a quién se reconocerá como gobernante legítimo de Venezuela después del 10 de enero, las fuerzas democráticas venezolanas no han logrado unirse en torno a una solución.
Pero los venezolanos han estado haciendo sus tareas y sentando las bases organizacionales para el cambio. Los partidos políticos, los sindicatos, las universidades, las ONG y la Iglesia Católica se han unido para formar una iniciativa llamada Venezuela Libre. Han organizado congresos en los 24 estados del país, en los que han participado 12.000 delegados, y, el 26 de noviembre, llevaron a cabo un evento nacional para lanzar un manifiesto que esboza el camino de regreso a la democracia. Además, han estado elaborando un detallado plan económico, que han discutido ampliamente con la comunidad internacional, para superar la crisis y restaurar el crecimiento.
Esta es una excelente oportunidad para que la comunidad internacional se mueva hacia una solución coordinada: una negativa explícita a reconocer a Maduro después del 10 de enero, junto con el reconocimiento de las decisiones de la Asamblea Nacional con respecto al gobierno de transición, y ayuda para implementarlas. Además, es preciso enviar un claro mensaje a las fuerzas armadas venezolanas de que las decisiones de la Asamblea Nacional deben ser respetadas.
Una solución a la catástrofe venezolana no solo es deseable, sino también posible. El mundo no puede dejar pasar esta oportunidad. El 10 de enero puede convertirse en un nuevo comienzo.
Traducción de Ana María Velasco
Publicado originalmente en Project Syndicate