Miembros de la Mesa Social de Caracas consignaron ante la sede de la Unión Europea en Caracas, un documento en el que alertan sobre la posibilidad de un “golpe de Estado” que el gobierno de Nicolás Maduro pretendería dar a la Constitución de 1999, “para derrocar el estado democrático, social, de derecho y de justicia al remitir las leyes del Poder popular a la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, para que sean declaradas leyes constitucionales”, señaló su coordinador general, Benito Urrea.
Nota de prensa
Advirtió que tanto las leyes del Poder popular como el Plan de la Patria, también llamado Segundo plan socialista de desarrollo económico y social, “no solo contradicen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, electa por el pueblo venezolano, sino que son enviadas a una instancia que no fue aprobada por nadie, por lo que los resultados de sus acciones son completamente nulas”.
Recordó que estas leyes ya fueron rechazadas por los venezolanos hace 10 años, cuando el fallecido presidente Chávez intentó sin éxito reformar la Constitución de 1999 con la finalidad de incluirlas en el texto constitucional, sin embargo, en 2010 esas mismas leyes fueron aprobadas como leyes orgánicas por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista para ese momento, “modificando de forma arbitraria el reglamento interno de debate de la AN para hacer que estas leyes fueran aprobadas con mayoría simple y no con las dos terceras partes del cuerpo legislativo como correspondía”.
En su opinión, el gobierno nacional ha utilizado las leyes del Poder popular para obtener el control territorial de buena parte de país con fines meramente ideológicos, al supeditar los consejos comunales “a los intereses del propio gobierno”, impidiendo además la participación de otros sectores nacionales porque, los consejos comunales, “al no estar dentro de la línea de las leyes del Poder popular simplemente no son reconocidos ni validados”.
Agregó que con esto, el gobierno nacional “ha capturado el territorio equivalente a cuarenta y siete mil consejos comunales en todo el país” además de dos mil quinientas comunas, “creadas y aprobadas en referendo de la comunidad con apenas el 15 por ciento de los electores del territorio correspondiente. ¿Alguien sabe en qué parte del país se ha convocado un referendo para aprobar la carta constitutiva de una comuna?”, se preguntó.
Anunció que en los próximos días irán a la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA así como también a las Naciones Unidas para hacer del conocimiento de estas instancias lo que ocurre en el país. “Esperamos que con nuestro comunicado, la comunidad internacional esté alerta y les sirva a efectos de futuras acciones que puedan tomar con respecto a este mal gobierno, que se ha dedicado a secuestrarnos mediante el uso del chantaje ideológico”.