La Policía de Nicaragua allanó sin orden judicial hoy las oficinas de cuatro ONG y un grupo de medios de comunicación críticos del Gobierno, que previamente fueron despojadas de su personalidad jurídica por la Asamblea Nacional.
La Policía nicaragüense allanó la madrugada de este viernes las sedes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), del Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), del Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILS), la Fundación del Río, y Popol Na, así como las oficinas de los medios Esta Semana, Esta Noche y Confidencial.
Los representantes de las distintas ONG y medios de comunicación coincidieron al denunciar que los agentes policiales llegaron desde anoche, en algunos casos golpearon a los vigilantes e ingresaron con violencia y sin orden judicial, ocuparon documentos, y se llevaron computadoras, automóviles, teléfonos celulares y objetos de valor.
En el caso del Cenidh, al no poder romper las puertas ingresaron por el techo, amordazaron al vigilante, a quien amarraron y dejaron abandonado, relató su presidenta, Vilma Núñez.
A un grupo de madres de presos políticos que se encontraban durmiendo en Popol Na los policías les revisaron sus pertenencias y robaron su dinero y celulares, además de saquear la sede, según denunciaron su directiva.
“Es un acto ilegal, punible, violatorio a la propiedad privada, la libertad de expresión, la liberad de prensa, a la libre empresa”, dijo a periodistas el director de los medios afectados, Carlos Fernando Chamorro.
A su vez, Chamorro descartó que la Policía haya confundido sus oficinas con las del Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), del que fue director, al que la Asamblea Nacional también quitó la personalidad jurídica.
Los allanamientos ocurren en medio de una crisis que, según organismos humanitarios, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 “presos políticos”, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
El Gobierno acepta 199 víctimas y 273 reos, que califica de “golpistas”, “terroristas” y “delincuentes comunes”.
Tanto la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Ortega rechaza los señalamientos y sostiene que venció un intento de “golpe de Estado”.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia.
EFE