El ex parlamentario, abogado y defensor de DDHH, Rafael Narvaez, responsabilizó al Ministerio Público y al Defensor del Pueblo por la violación de los derechos humanos en el año 2018 en Derechos Humanos.
“El Ministerio Público permitió que los cuerpos de seguridad del estado como el Sebin y el Dgcim realizarán detenciones arbitrarias ejecutando allanamientos sin orden judicial violentando el segundo derecho más sagrado de los DDHH como es la libertad (artículo 44 de la Constitución de la República de Venezuela que establece ‘la libertad personal es inviolable ninguna persona puede ser detenida sin orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti”, expresó Narvaez.
“El defensor del pueblo lleno de temor para asumir la defensa de las víctimas convalida estos vejámenes en contra del ser humano. Hace poco un grupo de dirigentes sindicales vinieron a protestar en defensa de sus derechos laborales y de regreso al interior del país fueron detenidos por cuerpos de seguridad y hoy día se encuentran detenidos en la cárcel del dorado procesados por tribunales militares porque los civiles no cometen delitos militares, vulnerando el artículo 49 de la Constitución Nacional que establece el debido proceso -derecho a la defensa presunción de inocencia y a su juez natural- en la madrugada de este viernes 14 de diciembre donde el Dgcim aplicó detenciones arbitrarias sin orden judicial a los dirigentes sindicales de Venalum, José Hidalgo, Angel Brito, Miguel Escobar y otros dirigentes más, el Ministerio Público aún no se ha pronunciado y menos el Defensor del Pueblo”.
Insistió en que “el estado sigue aplicando la persecución y represión en contra de los manifestantes que asumiendo como derecho constitucional el artículo 68 de la Constitución Nacional, que establece el derecho manifestar pacíficamente. La falta de independencia, autonomía de los poderes públicos y el sometimiento a la disciplina partidista es lo que le ha permitido al gobierno restringir los derechos de los ciudadanos con represión sin límites y de inmediato enviarlos a la cárcel que luego según los testimonios son víctimas de tratos crueles e inhumanos ,degradantes y torturas vulnerando el artículo 49 de la Constitución Nacional de que ‘toda persona tiene el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral , en consecuencia: Ninguna persona puede ser sometida a penas torturas o tratos crueles e inhumanos o degradantes’. El ministerio público dejo de ejercer sus atribuciones y funciones que le ordena la Constitución Nacional como la de ser garante de la legalidad,debido proceso y garante de los derechos humanos para convertirse en un poder publico subordinado al ejecutivo permitiendo todas estas violaciones de Derechos Humanos en contra de los ciudadanos. El defensor del pueblo, no justifica su sueldo por que no ‘trabaja en defensa de las víctimas de violación sistemática de Derechos Humanos por parte del estado . Le sugiero pueda irse a un retiro espiritual y reflexionar en profundidad si le duelen las victimas, que aseguro que le hará bien”.
Nota de Prensa