Este mes se realizó la II Jornada sobre Discapacidad, Derechos Humanos y Políticas Públicas, organizado por la Universidad Simón Bolívar, la cual contó con la participación de ponentes de la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), Fundación Vanessa Peretti (Funvape), Fundación Habla, Socio Integra y un grupo de profesores especialistas en materia de Políticas Públicas, quienes ofrecieron un balance de la situación actual de Personas con Discapacidad en Venezuela, la vulneración en materia de Derechos Humanos y las políticas públicas que se deberían implementar para ofrecer una mejor calida de vida a las personas en el país.
Nota de prensa
La profesora de la Universidad Simón Bolívar, Baroska Bravo, como parte de introducción al evento, recordó que en el año 2011 había cerca de 1.459.800 PcD en el país (según cifras del INE) y un marco jurídico que protege a este nutrido grupo; sin embargo, la concepción del Estado venezolano, está abocado más hacia la rehabilitación que a los DDHH.
Señaló que Venezuela es uno de los países de América Latina que reconoce la discapacidad dentro de sus estructuras sociales y culturales. Mostró preocupación al asumir que entre los principales factores que tienden a incrementar la tasa de discapacidad en el país, se encuentran la desnutrición y los altos índices de violencia.
Asimismo manifestó que las políticas públicas sobre discapacidad en el país, han sido esfuerzos valiosos, pero insuficientes e ineficientes.
Destacó que en un trabajo de investigación, donde la muestra comprendía a 206 PcD, arrojaron que el 68% de la Lengua de Señas Venezolana, se aprende en la escuela. Solo el 1% de la población sorda que fue evaluada, pueden manejar –entender, leer y escribir- solo tres palabras; cifra “alarmante” a nivel de políticas públicas, “porque refleja una deficiencia a nivel nacional”.
Consideró que la discapacidad es un tema de salud pública que debe ser atendida bajo esa dinámica. “Las barreras no son las personas con discapacidad, es la sociedad que está generando obstáculos bajo el modelo social y no del rehabilitador. Esta situación se puede superar si los gobiernos y la sociedad civil están al tanto de lo que ocurre y cómo dar respuesta”.
En cuanto al marco jurídico, a pesar de que Venezuela ha sido referencia para América Latina en tema de normativa de protección a Personas con Discapacidad, es insuficiente para dar garantías de políticas públicas a estos grupos sociales.
Al referirse al tema económico y calidad de vida, acotó que la pérdida continuada del poder adquisitivo afecta el triple a quienes tienen condición de discapacidad. A su juicio, este esquema de país está generando el aumento desproporcionado de la tasa de discapacidad a corto, mediano y largo plazo; aunado al sistema de políticas públicas, que no está siendo fortalecido para recibir a determinado número de personas que estarán muy próximas a formar parte de las cifras.
“Que nadie se quede atrás”
Por su parte, Yoly Santaella, coordinadora de Conserven, recordó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Convención Internacional de Personas con Discapacidad y su cumplimiento en el país.
Recalcó que la agenda 2030 es una visión política universal de cómo lograr un desarrollo sostenible o de cómo lograr un mejor mundo para el año 2030. Entre las premisas básicas o principales, se encuentra: la erradicación total de la pobreza en todas sus formas, la lucha contra la desigualdad, la preservación del planeta, crecimiento económico inclusivo y sostenido. El lema principal de esa agenda es: “que nadie se quede atrás”.
La Convención tiene compromisos específicos en empoderar a las PcD; es el marco legal que va a ayudar o garantizar que esos ODS puedan ser alcanzados y sus DDHH sean respetados.
Pueden ser usados como una plataforma de promoción de “llamado de atención” a los entes encargados de cada país para lograr estos objetivos. Es un instrumento internacional que asegura, promueve y garantiza que las Personas con Discapacidad puedan disfrutar de todos los derechos como el resto de los individuos.
Recalcó que para poder supervisar el cumplimiento de la Convención, se debe estandarizar un instrumento de medición de datos, para sistematizarlos y ver si el país está cumpliendo con lo acordado. Por tal motivo es importante que las personas conozcan el contenido de la misma para poder defender los derechos.
Finalmente Santaella dejó una reflexión al aire: “Las Personas con Discapacidad desempeñan un papel decisivo en la creación de esta agenda ODS para lograr un futuro mejor ¿si no son ellos los que pelean por esto, quiénes lo van a hacer?” cuestionó.