La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió este miércoles de la “intensificación de la cuarta etapa de represión estatal” en Nicaragua, sumida desde abril pasado en una crisis que ha dejado cientos de muertos y detenidos en protestas contra el presidente del país, Daniel Ortega.
EFE
“A ocho meses del inicio de las protestas en Nicaragua, a través de la información registrada en el terreno por el Meseni (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua), la CIDH observa la intensificación de una cuarta etapa de represión estatal”, informó el organismo, en una declaración pública.
La CIDH ha identificado en la cuarta etapa de la represión las agresiones por parte del Gobierno de Ortega, las amenazas y el acoso a los periodistas y medios independientes.
Las tres etapas previas consistieron en agresiones a las protestas callejeras pacíficas, ataques armados contra ciudades que rechazan a Ortega y la criminalización de las protestas, según la CIDH, todas con saldos mortales.
La cuarta fase incluye “incremento de agresiones y hostigamiento contra periodistas, detenciones y judicialización de líderes, defensores y defensoras de derechos humanos y opositores, expulsión arbitraria de personas naturalizadas o residentes permanentes por participar en protestas”, agregó el organismo.
Asimismo reiteró al Gobierno su solicitud de información sobre los manifestantes presos y que revierta la criminalización de las protestas. La CIDH también llamó a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) “y a la comunidad internacional a rechazar la represión que mantiene en una situación crítica el ejercicio y goce de las libertades y derechos de la población en Nicaragua”.
Datos de la CIDH indican que la represión en Nicaragua ha dejado 325 muertos, más de 300 “detenidos arbitrariamente”, 200 profesionales de la salud despedidos y 40 catedráticos destituidos.
Organismos humanitarios locales elevan la cifra de muertos hasta 545 y la de presos a 674, mientras el Gobierno reconoce 199 víctimas y 273 arrestados, a los que califica de “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”. Ortega rechaza toda responsabilidad y afirma que venció un supuesto intento de “golpe de Estado”.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de Gobierno, por unas fallidas reformas de la seguridad social, y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones.